Honduras: Organizaciones rechazan continuidad de la detención arbitraria de los defensores de Guapinol e instan a su inmediata liberación

1 de septiembre de 2021

El 26 de agosto de 2021 venció el periodo dictado de dos años de prisión preventiva para los ocho defensores ambientales del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP). Los defensores ambientales Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Aleman, Ewer Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz enfrentan cargos por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, como represalia por ejercer su derecho a la legítima protesta y la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol ante proyectos mineros en el parque nacional Montana de Botaderos “Carlos Escaleras”.

El 26 de agosto de 2021, horas antes de una audiencia para proponer los medios de prueba que se utilizarán en el juicio de los defensores, su equipo legal fue notificado que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia había cedido una prórroga de seis meses más de la detención preventiva a petición de la Fiscalía de Tocoa. La decisión fue tomada a pesar de los reiterados llamamientos a su liberación y tras la resolución del 26 de noviembre de 2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que estableció en su opinión número 85/2020 que la privación de libertad de los defensores del medio ambiente de Guapinol es arbitraria.

La resolución de parte del grupo de expertos instó al Estado de Honduras a tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata y a concederles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos, y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. A la fecha, el Estado de Honduras no ha respondido.

El 17 de agosto de 2021, más de 75 organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia de Honduras con el fin de que declaren improcedente la prórroga y que ordenen el cambio de medida cautelar para que los defensores ambientales puedan proseguir la causa en su contra en libertad, garantizando sus derechos al debido proceso y a un juicio justo e imparcial. El Estado no ha respondido.

Las organizaciones firmantes reiteran su preocupación por la criminalización basada en acusaciones falsas hacia los defensores integrantes de CMDBCP ya que cree que el procesamiento judicial y la prolongada detención arbitraria es una represalia por su labor de defensa del medio ambiente. Además, mostramos nuestra preocupación por el mal uso de la prisión preventiva, que parece querer limitar el trabajo de defensa y crear un efecto disuasivo en otros integrantes de la organización.

Las organizaciones firmantes se solidarizan con los defensores del medio ambiente y derechos humanos integrantes de CMDBCP y sus familiares, quienes han sufrido durante más de dos años las implicaciones de su detención arbitraria. Estamos atentas al juicio, que ha sido fijado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo entre el 1 al 10 de diciembre, e instamos a que se lleve a cabo un proceso judicial abierto y transparente, que incluya la transmisión virtual en vivo y la observación en forma presencial. Mientras tanto, hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva los recursos legales pendientes relacionados con la detención arbitraria de los defensores a fin de garantizar el fin de su prisión preventiva arbitraria.

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