Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Además de la defensa del territorio, trabajaba para hacer valer los derechos culturales de los pueblos indígenas, así como los derechos de las mujeres. Como resultado de su lucha y trabajo de incidencia, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización, hostigamiento y criminalización, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares durante los siete años previos a su asesinato. Finalmente, Berta Cáceres fue víctima de feminicidio por su labor de defensa de los derechos humanos y un Tribunal de Sentencia declaró culpables a 7 personas en 2018 por su asesinato. Hoy está programado el inicio del juicio contra Roberto David Castillo Mejía, ex empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ex oficial de inteligencia militar que se desempeñaba como Gerente General de DESA al momento del asesinato de la destacada lideresa Lenca.
El asesinato de Berta Cáceres es parte de un patrón alarmante de violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras. Para hacer frente a esta situación, la recomendación 104.81 emitida ante el Examen Periódico Universal (EPU) expresamente insta al Estado de Honduras a, “asegurar la investigación y el enjuiciamiento de los autores de las presuntas violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado de 2009 y de los autores intelectuales y financieros del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres.” [1]
En un momento decisivo para el acceso a la justicia en esta causa, el Estado debe garantizar que no se limiten los alcances del juicio para que se pueda exponer la verdad detrás de su asesinato y para que se den pasos hacia la justicia reparativa en su caso. En numerosas ocasiones la CIDH ha identificado la situación de impunidad estructural en Honduras, por lo que nuestra Misión de Observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumple con los estándares internacionales en esta materia.
La Misión de Observación está integrada por diecinueve organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos internacionales y nacionales que observan el respeto de las garantías el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres. Ha observado la totalidad de la causa instruida contra Roberto David Castillo Mejía por el asesinato de Berta Cáceres y observará el juicio en su totalidad, publicando diarios en su página web y redes sociales.
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