Las organizaciones, movimientos, colectivos y agrupaciones firmantes nos sumamos a la Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán emitida por organizaciones y movimientos sociales en Honduras el 31 de enero de 2025.
Muchas de nosotras hemos acompañado o dado seguimiento desde hace años a la situación del Bajo Aguán, territorio que ha ido convirtiéndose en un lugar de conflicto armado por sectores que atentan contra la vida de comunidades, hombres y mujeres que defienden derechos, especialmente desde el movimiento campesino, y el derecho a la tierra y el territorio.
Recientemente, nuestra preocupación por esta situación ha venido en aumento, pues desde finales del 2024 hemos tenido conocimiento de graves hechos violentos que se han desarrollado a partir de la presencia organizada y pública de hombres armados, que integran grupos de criminalidad organizada. A la intimidadora presencia de estos sujetos, se ha unido la comisión de secuestros y ataques armados, e incluso, el 31 de enero, el asesinato de dos personas integrantes de la cooperativa campesina Gregorio Chávez, José Luis Hernández y Suyapa Guillén, quien además integra la Red de Mujeres Campesinas.
El estado de terror en que esta situación coloca a hombres, mujeres, niñas y niños que viven en este territorio, intenta desplazar a los cientos de familias que integran las cooperativas campesinas de Camarones, El Tranvío y El Chile, y continúa siendo un efectivo método para inhibir sus luchas campesinas y desestructurar los procesos organizativos, económicos y sociales que buscan garantizar una vida digna para esta población.
Los grupos sicariales que han ejecutado estos hechos han sido apoyados por guardias de seguridad que responden a la Corporación DINANT y cuentan con la pasividad cómplice de las instituciones estatales, ya que algunos de estos hechos se han cometido en presencia de las fuerzas de seguridad policial del Estado. Esta falta de respuesta policial no es más que un reflejo de inoperatividad de las distintas autoridades, las cuales deberían responder frente a esta violencia y ante las causas estructurales que la generan.
A ello se une la reacción meramente declarativa por parte de las autoridades, la falta de intervención efectiva de parte del sistema de justicia y los cambios institucionales y normativos que han operado para habilitar una intensa ejecución de desalojos, lo que en conjunto puede leerse como una actuación coherente que contradice lo públicamente acordado por el gobierno de Honduras y los acuerdos firmados por la presidenta Xiomara Castro con las organizaciones COPA y Plataforma Agraria, que representan al campesinado, en relación a cómo avanzar en la resolución de la histórica problemática de la tenencia de la tierra, y que genera una intervención de toda la institucionalidad a favor de los intereses de los grandes propietarios.
Las organizaciones firmantes seguimos apoyando y acompañando a quienes legítimamente se organizan para acceder a la tierra y su producción, porque es la única manera de alcanzar recursos y derechos básicos para desarrollar una vida digna, y seguimos exigiendo el cese de la alarmante violencia y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes deben detenerla.