Conforme el Código Procesal Penal de Honduras, la referida sentencia debió haberse proferido dentro de los 5 días posteriores al fallo oral, lo cual, hasta la fecha, luego de transcurrido casi un año, no ha sucedido. Esto supone una vulneración del derecho al debido proceso, el derecho a una sentencia en un plazo razonable y el derecho a impugnar dicha resolución dentro de los plazos previstos por la ley.
El fallo histórico confirmó que David Castillo jugó un papel decisivo como coautor del asesinato de la lideresa Lenca y que formó parte de una estructura de poder de la que hacía parte la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y sus directivos. Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 5 años. Además, durante el juicio rindieron testimonios en relación a varios delitos coadyuvantes, pero no ha habido ninguna investigación. La sentencia debería impulsar la investigación diligente de todos los autores de los crímenes para que sean debidamente llevados a la justicia.
En el mismo sentido, la Misión recuerda que los recursos de casación presentados por los condenados en 2019 como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, entre los que se encuentran un exmilitar, mandos intermedios de la empresa hidroeléctrica DESA y sicarios, aún no han sido resueltas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el caso sigue sin firmeza jurídica.
Esta inseguridad jurídica pone en riesgo el debido proceso y las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena.
La Misión recalca que el respeto a los principios y estándares de un juicio justo son esenciales, no sólo para que el juicio represente un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de la verdad y la justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña. Desde esa perspectiva, la Misión constató a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema y continúan representando límites y desafíos para el acceso a la justicia de la población. Éstas incluyen:
* Falta de resolución oportuna de recursos judiciales.
* Omisión de investigación de la autoría intelectual de los hechos.
* Limitación de los derechos de las víctimas.
El asesinato de Berta Cáceres representa una herida no sólo para su familia, el COPINH y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional. Las lecciones aprendidas durante estos cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios.
El Estado hondureño debe garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos. El procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen es una obligación y necesidad para el Estado con el fin de garantizar la justicia, la verdad sobre los hechos, así como la garantía de no repetición de hechos similares. Las organizaciones miembros de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres continuarán acompañando este reclamo de justicia para Berta.