Según las informaciones recibidas, hombres armados irrumpieron en una de las casas de la comunidad y dispararon contra sus miembros, cuatro de los cuales fallecieron al instante y uno más al día siguiente dada la gravedad de las heridas. Las personas asesinadas fueron identificadas como: Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute.
“Es preocupante la grave situación de desprotección y vulnerabilidad, en particular, de las comunidades indígenas que defienden sus tierras en Honduras. Es urgente que el Gobierno Nacional tome medidas inmediatas para superar esta situación. Exigimos a las autoridades competentes realizar una investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre estos asesinatos, así como sobre el resto de asesinatos de miembros del pueblo Tolupán, además de adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la integridad física y psicológica de todos los integrantes del pueblo Tolupán.”
La comunidad Tolupán de San Francisco Locomapa, desde hace varios años viene denunciando las amenazas y diferentes actos de violencia en su contra, originadas en un contexto de conflictividad por la defensa de su derecho a la tierra, pues en ese sector se están implementando planes de manejo forestal y planes operativos de explotación sin la participación y consentimiento de las comunidades.
No es la primera vez que un hecho de esta naturaleza ocurre contra los pueblos indígenas que luchan para defender su derecho a la tierra o denuncian violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente vinculados con proyectos de inversión en Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH en su Informe de País “Situación de Derechos Humanos en Honduras” publicado el 18 de febrero de 2015, llama la atención sobre la grave situación del pueblo Tolupán y pone de manifiesto numerosos hechos de amenazas y persecuciones en su contra por parte de grupos armados vinculados al crimen organizado y a empresas mineras, recordando al mismo tiempo que “los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos de ataques por terceros, especialmente cuando éstos ocurren en el marco de conflictos por el territorio ancestral”. A causa de esta situación de vulnerabilidad y riesgo, la CIDH en diciembre de 2013, otorgó medidas cautelares a la organización MADJ que protege los derechos de la comunidad Tolupán.
Las organizaciones expresan igualmente su alta preocupación por la población indígena Lenca. Según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el 20 de febrero, durante una caminata pacífica hacia el rio Gualcarque contra la implantación del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” que vulnera sus derechos territoriales, al parecer más de 100 personas fueron detenidas y hostigadas por fuerzas de seguridad. El pueblo Lenca ha librado una lucha constante por la defensa de sus territorios y por la protección del Río Blanco. A causa de esta lucha los indígenas Lencas han sido perseguidos, al punto de obligarlos a abandonar sus territorios, han sido heridos y en esa zona durante el 2014 se asesinaron a 4 indígenas Lencas. Ataques que se encuentran en la impunidad.
Las organizaciones observan con preocupación y denuncian el aumento de casos de agresiones y criminalización de personas y comunidades que defienden sus derechos humanos, incluidos los derechos a la tierra, en contextos de proyectos de inversión (hidroeléctrica, minería, monocultivos, etc.) en Honduras, como una forma de amedrentamiento a su labor de defensa de derechos, tal como se denunció en el Informe publicado por la FIDH y otras 10 organizaciones de derechos humanos de América Latina, titulado “Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de proyectos industriales: Un fenómeno regional en América Latina”.
En este contexto, las organizaciones urgen al estado Hondureño, conforme sus obligaciones internacionales, proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. Así como tomar medidas concretas e inmediatas para implementar las medidas cautelares y asegurar la protección de todas las personas y organizaciones a quienes se las otorgan.