Redes y organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos manifestamos nuestra profunda preocupación por la violencia en contra de manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, ocurridas en el marco de la crisis postelectoral en Honduras y que persiste hasta la actualidad.
Numerosos actores nacionales e internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza, incluido el empleo de armas letales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales e intimidación, entre otras violaciones de derechos humanos. [1]
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) han llamado al Estado hondureño a respetar los derechos humanos y a abstenerse del uso excesivo e injustificado de la fuerza contra la población indefensa, que ejerce su legítimo derecho de manifestación. [2]
Sin embargo, tan solo en los primeros días del Paro Nacional que comenzó el pasado 20 enero del 2018 , volvieron a cometerse violaciones a derechos humanos. Así, por ejemplo, el señor Anselmo Villarreal fue asesinado presuntamente por la policía militar en Sabá, Colón, y decenas de personas fueron detenidas. También fueron asesinados los señores Ramón Fiallos en Arizona, Atlántida y Geovanny Díaz en Pajuiles, Tela, ambos son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y se reportaron diferentes actos de hostigamiento contra otros integrantes de esta organización, incluido su coordinador, el Sr. Martín Fernández. [3] Además, tuvimos conocimiento de actos de hostigamiento y agresión contra Elsa Correa de la Red de Abogados del Sur, en San Juan Bosco.
Estos hechos, y otros que se encuentran en proceso de documentación, dan cuenta de la persistencia de la violencia y las afectaciones a la vida y la integridad de la población hondureña, así como la falta de respuesta adecuada de la institucionalidad responsable de garantizar los derechos humanos.
Ante esta situación se requieren medidas urgentes que eviten la pérdida de más vidas humanas, atiendan las causas estructurales de la actual crisis de derechos humanos e impidan un posible debilitamiento de la democracia en Honduras.
Es por ello que exhortamos:
– Al Estado de Honduras a que se abstenga de utilizar el uso excesivo de la fuerza contra la población y garantice los derechos a la manifestación y a la libre expresión.
– Al Estado de Honduras para que investigue de manera diligente todos hechos de violencia denunciados, identifique a sus responsables y les juzgue y sancione como corresponda según la legislación interna y los estándares internacionales.
– A la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) y sus estados miembros a que utilicen las instancias pertinentes para condenar la violencia, proteger a las personas defensoras de derechos humanos, y llamar al Estado hondureño a respetar y garantizar de manera urgente los derechos humanos de la población y las garantías democráticas.
– A la CIDH y la OACNUDH para que continúen monitoreando la situación de derechos humanos en el país y utilicen los mecanismos del derecho internacional disponibles para que las autoridades respeten y garanticen los derechos humanos de la población hondureña.