El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nueva información y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Nuevas informaciones:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre dos nuevos sucesos en el marco del conflicto de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH): la detención arbitraria y los actos de tortura o malos tratos en contra de 12 personas defensoras así como la criminalización de 26 personas defensoras el 8 de septiembre; la continuación el 1 de septiembre del hostigamiento judicial en contra de 19 de las 20 personas defensoras detenidas desde el 26 de mayo de 2017.
En lo referente el primer suceso, según la información recibida, el 8 de septiembre de 2017, 12 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a actos de tortura y malos tratos en el campus de la UNAH en Tegucigalpa. El grupo de 12 personas estaba compuesto por las Sras. Hedme Castro, Coordinadora General de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), y Tommy Morales, miembro de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH), así como los Sres. Carlos del Cid Morales, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Ariel Díaz, miembro de La Juventud por los Derechos Humanos, José Francisco Bustillo [1], así como siete personas defensoras que forman parte del movimiento de estudiantes universitarios [2].
Estos ataques ocurrieron en el contexto de un dispositivo mediante el cual más de 500 efectivos de la Policía Nacional bloquearon todos los accesos de la UNAH para desalojar a un grupo de estudiantes. Preocupada por la información que llegaba desde el campus y al no lograr acceder al mismo, la Sra. Hedme Castro y el Sr. José Francisco Bustillo acudieron a las oficinas del Ombudsman de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y esta institución dispuso que dos de sus agentes junto con un conductor se desplazarán al campus en un microbús del CONADEH acompañados por los dos solicitantes.
El microbús accedió al campus a las 11 de la mañana y en su recorrido por el campus de la UNAH recogió al Sr. Carlos del Cid y a la Sra. Tommy Morales, quiénes se encontraban en el lugar monitoreando la situación. Cuando se disponían a abandonar la UNAH las personas defensoras observaron a un grupo de estudiantes que solicitaban auxilio desde un edificio del Alma Mater por encontrarse encerrados por la policía y la seguridad privada de la UNAH que habían cerrado el edificio con cadenas y candados. Las personas defensoras solicitaron a los agentes que si no tenían órdenes de arresto contra los estudiantes pusieran fin a su privación de libertad pero los agentes se negaron a abrir el edificio e incluso negaron la presencia de estudiantes en el mismo.
En este contexto, los siete estudiantes saltaron por una ventana y accedieron al microbús a lo que varias patrullas y un pelotón de policías respondieron de forma inmediata rodeando el vehículo del CONADEH e impidiendo su salida. Los dos funcionarios del CONADEH abandonaron el vehículo dejando allí a las personas defensoras, que se mantuvieron dentro del microbús hasta las 15 horas. En ese momento, los policías abrieron las ventanas del vehículo, agredieron a las Sras. Hedme Castro y Tommy Morales y al Sr. Carlos del Cid, y rociaron el interior del microbús con gas pimienta. En ese momento, las 12 personas defensoras fueron desalojadas del vehículo del CONADEH y a pesar de que el vehículo estaba rodeado de agentes y de que las personas defensoras no opusieron resistencia, la policía roció a las personas defensoras en el rostro con gas lacrimógeno en aerosol a muy corta distancia. El Observatorio recuerda que el uso de la fuerza empleado sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando se hace a corta distancia, en las partes superiores del cuerpo o en espacios cerrados.
Las 12 personas defensoras fueron trasladadas a las dependencias de la Dirección Policial de Investigación (DPI) pero a las 16 horas, la Sra. Hedme Castro y el Sr. Nahún Portillo tuvieron que ser trasladados al Hospital Escuela para ser atendidos. Pese a que se les había amenazado reiteradamente con que iban a ser remitidos al Ministerio Público acusados de varios delitos, aproximadamente a las 18 horas la Sra. Hedme Castro fue puesta en libertad sin cargos en el hospital, en contravención de la legalidad que habría exigido su traslado a la DPI para hacer el respectivo registro de su detención y de su liberación, por lo que la propia Sra. Castro tuvo que desplazarse hasta la DPI.
Los Sres. Carlos del Cid Morales y Ariel Díaz, y la Sra. Tommy Morales se enfrentan a cargos por encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado, mientras que los siete estudiantes y el Sr. José Francisco Bustillo están acusados de usurpación por detentación. Además, según las mismas informaciones otros 15 estudiantes de la UNAH [3] fueron detenidos durante el operativo en la UNAH y se enfrentan asimismo a cargos por usurpación por detentación. En total 26 personas defensoras han sido criminalizadas a raíz de los hechos del 8 de septiembre incluyendo 22 estudiantes de la UNAH.
Finalmente, el Observatorio condena y lamenta el discurso estigmatizante de la Secretaría de Seguridad refiriéndose a los estudiantes que fueron detenidos como “supuestos estudiantes” y afirmando que el vehículo del CONADEH era conducido por uno de ellos a pesar de las evidencias de que el microbús era manejado por un conductor de dicha institución. Además, el Observatorio lamenta que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos no se personara en la UNAH a pesar de haber sido alertado sobre la situación y de haber contado con tiempo suficiente para ello.
En lo referente al segundo suceso, según la información recibida, el 1 de septiembre tuvo lugar en Tegucigalpa una audiencia sobre el caso de los 19 estudiantes [4] y el periodista Ronnie Huete Salgado [5] detenidos desde el 26 de mayo de 2017. Para los 19 estudiantes se dictó auto de formal procesamiento por el delito de daños a la propiedad por lo que se mantiene la criminalización en su contra por este cargo. Además, en la audiencia se dictó sobreseimiento definitivo en lo referido a los cargos por privación de libertad contra los 19 estudiantes, así como sobreseimiento definitivo en todas las acusaciones contra el Sr. Ronnie Huete Salgado, poniendo fin al hostigamiento judicial en contra de éste (véase antecedentes).
Estos hechos se producen en contexto de fuerte represión en contra del Movimiento Estudiantil de la UNAH con la prohibición de manifestaciones, el uso de la fuerza policial, incluyendo cuerpos élite de las fuerzas de seguridad del Estado, así como de la seguridad privada para reprimir manifestaciones, la interposición de acciones penales por delitos ambiguas como el de “usurpación”. El Observatorio recuerda que además en este contexto se han producido ya tres asesinatosy 73 criminalizaciones [6] (ver antecedentes).
Es importante destacar que estos hechos se enmarcan también dentro de una campaña sistemática de ataques públicos, verbales y físicos contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Honduras [7] que les pone en una situación de alto riesgo.
Por todo lo anterior, el Observatorio condena en los términos más enérgicos la represión en contra del Movimiento Estudiantil de la UNAH y sus defensores. Además, el Observatorio insta a las autoridades hondureñas a poner fin de forma completa a su criminalización, en general, a poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo judicial, en contra del movimiento estudiantil de la UNAH.
Antecedentes
El conflicto estudiantil inició en 2014 tras la expulsión y criminalización de al menos diez estudiantes en el contexto de protestas contra varios artículos de las normas académicas y de demandas de mejoras logísticas de los centros regionales de la UNAH.
El 8 abril de 2015 del Sr. Donatilo Jiménez Euceda, ex-presidente del SITRAUNAH seccional # 3, cargo que desempeñó por dos mandatos, fue desaparecido en horas de trabajo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) en La Ceiba, Atlántida.
En 17 junio de 2015, el Sr. Héctor Orlando Martínez, Presidente del seccional N° 6 del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) fue asesinado, al salir de la Universidad cuando se dirigía a su residencia. El Señor Motiño había denunciado varias veces las amenazas de que era objeto.
El 26 de mayo de 2017, el grupo de 19 estudiantes y un periodista que estaban manifestando pacíficamente su apoyo a los defensores de derechos humanos del movimiento universitario, los Sres. Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa mediante la ocupación del edificio administrativo del Centro Universitario de Tegucigalpa fueron víctimas de una represión muy violenta, golpeados y gaseados y, finalmente, detenidos.
El 7 de junio de 2017, los Sres. Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloafueron declarados culpables por un Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del supuesto delito de usurpación.
El 16 de junio de 2017 se produjo la audiencia de descargo para los 20 detenidos y en esta ocasión otros seis estudiantes quedaron presos pese a no haber orden de captura. Los días 22 de junio de 2017 y 21 de julio de 2017, tuvieron lugar sendas audiencias por los delitos de daños y privación injusta de libertad en contra de los 20 detenidos.
El 23 de junio de 2017 en las primeras horas de la mañana, individuos no identificados se acercaron al Sr. Roberto Antonio Gómez,quien actuaba como portavoz de un colectivo de padres de 19 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),cerca de su domicilio en el sector oriental de la ciudad de Tegucigalpa y le dispararon causándole la muerte. El día anterior, el Sr. Gómez había mostrado su apoyo a su hijo estudiante de la UNAH criminalizado y al movimiento estudiantil a través de numerosas entrevistas con medios de comunicación.
El 12 de julio alrededor de las 21 horas, individuos no identificadosinterrumpieron al domicilio del Sr. Luis Joel Rivera Perdomo, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) y miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de laUNAH,ubicado en la colonia el Pedregal de Comayagüela, lo sacaron por la fuerza y los asesinaron a balazos en la calle peatonal donde se ubica su domicilio.
El 16 de agosto de 2017 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado atacaron a un grupo de estudiantes cuando estos se disponían a salir por la entrada principal de la UNAH para participar en el “Miércoles de Flores”, consistente en poner flores en la estatua de la Virgen de Suyapa en señal de rechazo a la violencia. La intervención policial contra los estudiantes incluyó el uso de gases lacrimógenos, con el evidente riesgo para la salud de los estudiantes que participaban en la huelga de hambre, en lo que constituyó un ataque no justificado. Los tres estudiantes que estaban en huelga de hambre tuvieron que recibir tratamiento médico además de varios estudiantes que también participaban en el acto.
El 1 de septiembre, 17 estudiantes del Centro Regional del Litoral Pacífico en Choluteca (CURLP) tenían que asistir a una audiencia en vía administrativa en la que se enfrentaban a una posible suspensión de la universidad por un periodo de cinco años en conexión con sus protestas pero la audiencia fue finalmente pospuesta. 15 [8] de estos estudiantes están siendo procesados por cargos de usurpación en otro proceso por los mismos hechos.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Poner fin a todo tipo de criminalización del Movimiento Estudiantil de la UNAH y las personas defensoras que en él participan;
ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la actuación policial en los sucesos del 8 de septiembre y, particularmente en lo referido a la comisión de actos de tortura o malos tratos por parte de la policía, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;
iii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los estudiantes criminalizados y sus familiares, así como la del resto de personas defensoras afectadas y, en general, la de todas las personas defensora de derechos humanos en el país;
iv. Poner fin a la militarización de las instalaciones de la UNAH, retirar de los predios la presencia de fuerzas de elite de la policía nacional, así como iniciar un proceso de investigación efectiva sobre las presuntas torturas y malos tratos de estudiantes a manos de los guardias privados de seguridad de la UNAH;
v. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia,
Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.