El 13 de julio de 2016 en la madrugada, la oficina del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en San Pedro Sula fue allanada por un individuo desconocido que robó discos duros, computadores y cámaras donde se encontraban información y evidencias claves vinculadas con casos emblemáticos de corrupción y violaciones a derechos humanos, incluyendo el asesinato de la defensora y lideresa de la comunidad indígena Lenca Berta Cáceres, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Las cámaras de seguridad de las oficinas revelan que el individuo, quien entró por efracción, revisó varios documentos, repisas y escritorios, antes de huir con dos bolsas de equipo, que había seleccionado, y sin robar el dinero en efectivo u otros objetos de valor que había en las oficinas. Además, aunque el robo haya sido reportado de inmediato, es preocupante que la policía llegó horas después en la tarde y sin ningún equipo para examinar eventuales huellas.
“Estos acontecimientos sumados a los graves crímenes de los últimos meses, evidencian la falta de voluntad de las autoridades hondureñas para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país, junto con las fallas en investigar los crímenes perpetrados en su contra. En el marco del proceso de implementación del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos en Honduras, toda investigación y tratamiento dado por las autoridades a este tipo de ataques deben realizarse bajo un trámite especial y expedito”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
Es importante destacar que el MADJ suele llevar ante la justicia casos políticamente sensibles de violaciones a los derechos de comunidades indígenas en contexto de megaproyectos. En este marco representa a la familia Cáceres en el proceso legal por el asesinato de Berta Cáceres.
El Observatorio expresa nuevamente su grave preocupación frente a los repetidos actos de hostigamiento que vienen sufriendo miembros del MADJ, tanto el Sr. Víctor Fernández, coordinador del Área de derechos humanos, representante legal de la familia Cáceres y abogado del COPINH, en 2013, como el Sr. Martín Fernández Guzmán, Coordinador General del MADJ, víctima del allanamiento de su morada, de actos intimidatorios y amenazas por parte de militares en marzo pasado. La persistencia de estos ataques resulta aún más preocupante ya que, desde 2013 los miembros del MADJ cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien consideró que se encontraban “en una situación de gravedad y urgencia”.
Este ataque se produce a menos de una semana del asesinato de la lideresa comunitaria y defensora del COPINH, la Sra. Lesbia Yaneth Urquía Urquía, y a 4 meses del asesinato de Berta Cáceres y del Sr. Nelson García.
“Es necesario conducir una investigación totalmente independiente, imparcial y transparente sobre los hechos ocurridos en contra de miembros del MADJ así como sobre los asesinatos de Berta Cáceres , Lesbia Yaneth y Nelson García, que fueron atacados por el trabajo fundamental y legítimo en defensa de los derechos humanos que desempeñan. Asimismo, el gobierno hondureño debe otorgar medidas de protección eficaces los miembros del MADJ y del COPINH que garanticen el ejercicio de su trabajo como defensores”, declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Bajo este contexto, el Observatorio, reitera su solicitud hacia el Estado hondureño a aceptar una Comisión de investigación independiente con participación de la CIDH, que acompañe la labor de la justicia hondureña para investigar, juzgar y sancionar a los responsablesde estos graves crímenes.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.