Las acciones en apoyo a la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, han dado lugar a movilizaciones estudiantiles fuertemente reprimidas por la policía. Estas acciones se han dado inicialmente en universidades, y se han extendido recientemente a otros centros educativos donde la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza, en espacios donde ha habido presencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El día 12 de julio, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán denunció que, por segunda vez, un grupo policial ingresó de manera violenta a su Campus Central, lanzando gases lacrimógenos, afectando particularmente a niños(as) y jóvenes de Educación Prebásica, Básica y Media del Centro de Investigación e Innovación Educativas (CIIE), quienes experimentaron pánico, angustia y afectación de vías respiratorias. Posteriormente se hizo público que distintos centros educativos, como el Instituto Técnico Honduras, quienes previamente también han sido víctimas de represión, habían iniciado sus jornadas con fuerte presencia policial.
Apenas unos días después, el 18 de julio, las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, dispararon en horas lectivas grandes cantidades gases lacrimógenos en el Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula, donde además cinco estudiantes y un guardia de seguridad habían sido detenidos de manera violenta por miembros de la Policía y de la Tropa Integral Gubernamental de Respuesta Especial en Seguridad (TIGRES). Entre ellos, se encontraban dos menores de edad, Angie Grissel Bonilla Hernández de 16 años y Josué David Morales Gosselin de 17, quien a diferencia de los otros cinco que fueron puestos totalmente en libertad, deberá presentarse a audiencia inicial el próximo 9 de agosto a las 09:00 a.m. por estar siendo acusado del delito de daños agravados.
Ante todo ello, no podemos sino manifestar nuestro más profundo repudio por la respuesta violenta por parte de los cuerpos de élite y del uso indebido del sistema penal para imponer castigos ejemplificantes que desincentiven la protesta social.
Lo anterior se suma a las graves violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en las masivas protestas que se dieron entre abril y junio en defensa de la educación y la salud públicas, en las cuales el uso excesivo de la fuerza y la criminalización tomaron un indiscutible protagonismo. Estos hechos también han tenido como efecto la profundización de la violencia selectiva en contra de personas y colectivos defensores de derechos humanos.
Las organizaciones firmantes observamos que la situación que se está viviendo en 2019, pone de manifiesto una intensificación de la violencia encadenada a la crisis política, social, de seguridad y derechos humanos que enfrenta el país desde la ruptura del orden constitucional en 2009.
Ante esta situación, solicitamos al Gobierno hondureño:
PRIMERO. Que se garantice el derecho legítimo a la protesta, el derecho a defender derechos y cese de manera inmediata la intimidación, criminalización y el uso de la fuerza en contra de personas que protestan, particularmente las personas menores de edad quienes deben ser sujetos de protección especial por parte del Estado.
SEGUNDO. Que se desista de los cargos en contra del menor Josué David Morales Gosselin por daños agravados y se garantice inmediatamente sus derechos humanos.
TERCERO. Que se identifique a los responsables de los operativos policiales que han violentado los derechos de las personas menores de edad que participan en las acciones de protesta o que asistían a clases a los centros educativos violentado, se juzguen y sancionen con debida diligencia.