Estos hechos se dieron en un contexto sistemático de violaciones de derechos humanos en Honduras en los años 80.
Mediante el Procurador del Estado de Honduras, Manuel Antonio Díaz Galeas, se reconoció las violaciones a derechos humanos en perjuicio de Herminio Deras García y familia, y expresó que es prioridad del Gobierno actual que preside Xiomara Castro realizar actos de disculpas y perdón público, y medidas adoptadas en la protección de los derechos fundamentales que apuntan en la desmilitarización de la seguridad ciudadana y la separación de funciones policiales-militares.
Los familiares esperan que esto signifique que Honduras entre en una era de respeto del pluralismo político, “no solo para nosotros como familia Deras, sino también para todos los ciudadanos y todas las visiones distintas que puedan existir en una sociedad. Recordamos que este año, como el año pasado y antepasado, fueron asesinados en Honduras líderes comunitarios que protestaban y defendieron los derechos humanos”. Además, reconocen la inclusión de políticas públicas integrales de memoria.
La Corte Interamericana emitirá una sentencia sobre hechos y valoraciones de derechos.
Este caso es emblemático por la violencia que fue ejercida por el Estado hondureño en los años 80, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, mediante la cual se asesinaron y desaparecieron en Honduras a dirigentes de organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales y populares identificados como personas opositoras al entonces gobierno.
El hostigamiento en contra de Herminio Deras empezó luego de sus primeros logros como asesor sindical en el norte del país, con detenciones arbitrarias, allanamientos y ametrallamientos a su casa. Ello culminó con su asesinato en 1983, negándose la morgue a recibir su cuerpo. Sus hijos, hermanos, padres, tíos, sobrinos y primos –incluyendo cuatro niños– también fueron detenidos arbitrariamente y violentados, sufriendo amenazas a muerte y torturas físicas y psicológicas. La estigmatización restructuró la familia y llevó a la salida del país de varios de sus miembros.
Sus representantes, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), admiramos la constancia y determinación de los familiares en su lucha por la justicia durante décadas de impunidad. Sin su férrea voluntad, este momento que abre en Honduras el debate sobre las graves violaciones de derechos humanos durante los años 80, no hubiese sido posible.