En el contexto de la 40ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la FIDH y CIPRODEH solicitan a los Estados parte que mantengan la suspensión de Honduras de dicha organización puesto que el actual gobierno no merece ser legitimado, no sólo por haber sido electo sin que se cumpliera el Acuerdo Tegucigalpa-San José, sino porque tampoco propició que el mismo se cumpliera antes de su posesión. Al asumir el gobierno no ha contribuido a la depuración de los promotores y perpetradores del golpe de Estado, sino que les ha consolidado en el poder. Resulta alarmante que los militares hayan visto incrementado su poder en el seno de las instituciones clave de Honduras, superando incluso el que tenían bajo el régimen de Roberto Micheletti, así como el hecho de que los promotores del golpe de Estado sigan controlando las principales instituciones hondureñas, incluida la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máximo exponente del poder judicial. La FIDH y CIPRODEH cuestionan la independencia e imparcialidad de la CSJ durante el propio golpe de Estado. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia favorece la impunidad del golpe al sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y al despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas. En efecto, miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) fueron destituidos de su cargo el pasado 5 de mayo sin otro fundamento que el libre ejercicio de su libertad de expresión, en virtud de la cual participaron en manifestaciones en contra del golpe de Estado de 2009 e intentaron acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales. Numerosas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo reaccionaron enérgicamente frente a esta patente y escandalosa violación de los derechos y libertades de los jueces, que lamentablemente se extiende también a funcionarios públicos y a todos aquellos hondureños y hondureñas que manifiestan su oposición al nuevo gobierno.
La FIDH y CIPRODEH llaman la atención sobre la supuesta reconciliación nacional llevada a cabo por el actual gobierno, puesto que no ha propiciado las condiciones necesarias para posibilitar el retorno del Presidente depuesto por el golpe, Manuel Zelaya, ni de los miembros de su gabinete político. La persecución penal que sufren los ministros que han regresado es una muestra de esa falta de voluntad política.
Efectivamente, en Honduras no se respeta el pluralismo político que permite que exista una fuerza de oposición capaz de expresarse en contra de las políticas gubernamentales. De este modo, la resistencia hondureña, medios de comunicación y los defensores de derechos humanos ven mermada su libertad de expresión por el clima de amenazas y hostigamiento en cu contra y contra líderes magisteriales y periodistas, llegando incluso al secuestro temporal de periodistas y líderes sociales (tal como les aconteció, en el mes de marzo de este año, a dos miembros del equipo periodístico de Globo TV y a Oscar Flores miembro del Frente Nacional de resistencia), atentados, que han culminado en el asesinato de más de diez líderes y lideresas sociales en los últimos seis meses. A fines de mayo del 2010 una de las sedes de la Resistencia hondureña fue atacada por hombres armados hiriendo a uno de sus ocupantes. El pasado 1 de junio del 2010, desconocidos destruyeron parte de la planta transmisora de Radio la Catracha, radio afiliada al Canal 36, ambas pertenecientes a Esdras Amado López, ciudadano que goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 para hacer seguimiento a la visita que realizó en agosto de 2009. Efectivamente la Comisión constató que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las ya verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como las que siguen ocurriendo. Sólo una persona ha sido efectivamente privada de libertad por violaciones a los derechos humanos. Los procesos de otras 12 personas imputadas están estancados por la falta de voluntad de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones y se ha decretado sobreseimiento definitivo en los casos en contra de la Junta de Comandantes y mandos militares que ocuparon ilegalmente las estaciones de radio y televisión no afines al golpe de estado (caso Radio Progreso en Cholusat Sur, Radio Globo, Radio Juticalpa) y en el caso contra los militares y policías ligados a acciones de violaciones masivas de los derechos humanos en ciudades como Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso y El Paraíso, donde se produjeron actos de represión masivos.
En relación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la FIDH y CIPRODEH consideran su mandato insuficiente, puesto que se limita “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crísis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que los hechos se repitan en el futuro”. La FIDH y CIPRODEH están preocupados por la no inclusión en el mandato de la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos ni la obligación de exigir la responsabilidad penal de las personas implicadas. Además, la designación de los Comisionados se ha hecho de forma unilateral por el Poder Ejecutivo sin proceso de consulta previo y sin la inclusión de las víctimas.1
Es por esto que la FIDH y CIPRODEH apoyan la creación de una Comisión de la Verdad Alternativa, tal y como propone la Plataforma de DDHH. Considerando necesaria su constitución y beneficiosa de cara al esclarecimiento de los hechos con plenas garantías, se ruega que ésta sea también respaldada por parte de la OEA y de todos los Estados que la integran. Esta Comisión de la Verdad Alternativa que estará formada por defensores de los derechos y libertades asegurará que los puntos de vista sobre lo acontecido en Honduras sean tomados desde todos los ángulos, recogiendo el sentir de todos los sectores de la sociedad, y no únicamente de aquellos que desean que el statu quo post-golpista permanezca inamovible.
La FIDH y CIPRODEH exigen de la OEA una contribución efectiva a la investigación de los hechos del 28 de junio de 2009 y a la condena de los responsables de dicha ilegítima ruptura del orden constitucional, así como la reparación de las víctimas del golpe de Estado y de todos aquellos que han sufrido a causa de la represión, la cual continúa hasta la fecha. La lucha contra la impunidad no podrá ser eficaz si el poder judicial hondureño no puede investigar de forma independiente y libre de presiones y amenazas. Los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras no podrán verse restablecidos si el Estado y el Ejército inhiben la formación de una fuerza opositora.
La FIDH y CIPRODEH reclaman de la Asamblea General de la OEA que mantenga la suspensión de Honduras hasta que no se haya realizado una auténtica depuración de los golpistas de las instituciones y hasta que no se haya restablecido el clima que permita el ejercicio de los derechos y libertades. Al respecto, la Presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen, dijo: “exigimos a toda la comunidad internacional que las sanciones políticas y diplomáticas en respuesta al golpe de Estado en Honduras no sean levantadas hasta haber verificado mediante misiones de observación imparciales el verdadero restablecimiento de la democracia, la independencia de los poderes del Estado y el respeto de los derechos civiles y políticos”.
La FIDH y CIPRODEH insisten en que el golpe de Estado en Honduras y los hechos posteriores constituyen un precedente muy grave para toda la región, tanto para las garantías democráticas como para el respeto de los derechos fundamentales. La puerta de los golpes de Estado en las Américas no puede reabrirse y por lo tanto frente a ellos no puede permitirse la impunidad diplomática, ni aceptarse la impunidad penal de sus perpetradores o auxiliadores. De no ser así, podrían derrumbarse de nuevo los dos siglos de construcción de democracia y de defensa de los derechos ciudadanos.
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