Señor Presidente,
Desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), nos dirigimos a Usted para expresar nuestra grave preocupación en cuanto al aumento de los ataques, tanto físicos como verbales y psicológicos, en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
La última manifestación de estos ataques sería un plan de asesinato dirigido en contra del Sr. Rafael Alegría, Coordinador en Centroamérica de la organización Vía Campesina y candidato a diputado para representar al movimiento Fuerza de Refundación Popular (FRP) del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). En los últimos meses, el Sr. Rafael Alegría ha acompañado los movimientos campesinos para la restitución de tierras en el Valle del Aguán y en otras regiones del país. En efecto, el 27 de septiembre de 2012, el Coordinador del Centro para el Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Dr. Juan Almendarez Bonilla, así como el Ministro de Seguridad, llamaron al Sr. Alegría para informarle que habían tenido conocimiento de fuentes fidedignas de la existencia de un plan para asesinarlo. Sin embargo, a pesar de tan grave amenaza, el Ministro de Seguridad y el Director Nacional de la Policía se limitaron a recomendar al Sr. Alegría que se cuidara, sin otorgarle medidas de protección, y sin que hasta hoy se conozcan acciones para investigar sobre este plan de asesinato.
Estas nuevas amenazas revisten una particular gravedad en la medida en que, hace apenas tres semanas, dos defensores de derechos humanos que trabajan en la región del Bajo Aguán fueron asesinados. El 22 de septiembre de 2012, el Sr. Antonio Trejo, quien representó legalmente a las cooperativas campesinas integrantes del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), fue asesinado en Tegucigalpa. Cabe destacar que el pasado 29 de junio, tras 18 años de litigio, el Sr. Trejo había logrado que se restituyeran tres fincas a campesinos y campesinas de la región. Dos días después, el 24 de septiembre, el Sr. Eduardo Díaz Mazariegos, Fiscal Especial para los Derechos Humanos del departamento de Choluteca, fue asesinado a balazos por desconocidos en la ciudad de Choluteca[1]. También cabe recordar que, según lo han documentado organizaciones internacionales mediante un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán, 54 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas de la región, más un periodista y su pareja, han sido asesinados desde el mes de septiembre de 2009 en el marco del conflicto agrario[2].
Adicionalmente, recordamos que el 24 y el 26 de abril de 2012, dos miembros del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH)[3] recibieron amenazas de muerte a través de mensajes de texto en sus celulares, provenientes de sitios web de empresas telefónicas. Estos mismos mensajes fueron recibidos también por personas acompañadas por PROAH, lo que indica que las amenazas están directamente relacionadas con la labor de esta organización en defensa de los derechos humanos.
En febrero, marzo y abril de este año, varios miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) sufrieron ataques, tanto físicos como verbales. Una víctima de estos actos de persecución fue la periodista Dina Meza, quien recibió una serie de amenazas de violencia sexual, dos de las cuales le llegaron por mensajes de texto firmados por “CAM”[4]. Cabe mencionar que en 2006 y en 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la Sra. Dina Meza. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna medida ha sido implementada por las autoridades para garantizar su seguridad. Asimismo, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) también han sido víctimas de varias amenazas y hostigamiento desde el mes de marzo, el caso más extremo siendo el asesinato el primero de mayo de uno de sus miembros, el Sr. Santos Alberto Dominguez, por la policía. Tan sólo seis días más tarde, el cuerpo del Sr. Erick Martínez, un periodista y activista de la comunidad LGTBI, fue encontrado con señales de asfixia.
Cabe destacar que Ms. Margaret Sekaggya, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, recordó que los periodistas y defensores de los derechos indígenas y LGBTI son unos de los grupos de defensores en mayor riesgo en Honduras. En febrero de 2012, en su informe preliminar, al concluir su visita oficial a Honduras, describió una situación de “impunidad reinante”, y en sus declaraciones afirmó que “el golpe de Estado de 2009 agravó aún más la debilidad institucional, aumentado la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos” quienes, por su rol protagónico, “continúan exponiéndose y por ende continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización”.
Asimismo, en un informe publicado en el día 3 de octubre de este año, la Comisión de Verdad de Honduras subrayó que “la impunidad que continúa beneficiando a los responsables de violaciones flagrantes de derechos humanos de períodos anteriores (…) ha sido un factor clave para generar la repetición de este tipo de hechos y nuevas formas de violaciones”.
A la luz de todos los hechos arriba mencionados, queda claro que este ambiente de persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en Honduras, tiene como primer objetivo intimidarlos y sancionar sus legítimas actividades de defensa de derechos humanos.
Por lo tanto, expresamos nuestra grave preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en Honduras y le instamos, Sr. Presidente, a que se tomen todas las medidas para investigar de forma seria y expedita estos crímenes y ataques , de manera a poner fin a la impunidad que prevalece. También es de vital importancia que se adopten medidas efectivas para brindar protección a los defensores de derechos humanos amenazados.
Exigimos también que se ponga fin a todo tipo de represión, amenaza, hostigamiento y violencia en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y que se asegure que pueden llevar a cabo sus actividades sin más obstáculos.
Finalmente, recordamos que el Estado hondureño tiene que conformarse a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, que le impone garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2).
Agradeciendo su atención a la presente y esperando que Usted tomará las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted respetuosamente,
Souhayr BELHASSEN
Presidenta de la FIDH
Gerald STABEROCK
Secretario General de la OMCT
cc.
Ministro de Interior
Ministro de Justicia
Fiscal General de la República
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
[1] Ver Comunicado conjunto, Honduras: Organizaciones internacionales condenan asesinatos de defensores de derechos humanos, publicado el 2 de octubre de 2012.
[2] Ver Declaración de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012 en Tocoa, Honduras.
[3] PROAH es un proyecto de la ONG estadounidense Friendship Office of the Americas que brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos desde 2010.
[4] Las siglas “CAM” corresponden al Comando Álvarez Martínez, un pseudónimo utilizado en amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos tras el golpe de Estado de 2009. Ver Llamado Urgente del Observatorio HND 001 / 0412 / OBS 045, 30 de abril de 2012.