Si bien el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (Acuerdo de Cartagena), firmado entre Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, permitió el regreso de este último a Honduras y constituyó un primer paso hacia una salida negociada de la crisis política, no sentó las bases de un verdadero restablecimiento del orden democrático.
Efectivamente, este acuerdo no reconoce las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante y después del golpe de Estado, como tampoco prevé su investigación, ni la sanción de sus responsables y menos aún de sus máximos responsables, que en varios casos continúan ocupando altos cargos en el gobierno actual. Esta ausencia de un mecanismo efectivo destinado a garantizar la no repetición y a poner fin a la impunidad constituye una grave falla, que es imprescindible que los Estados miembros de la OEA consideren a la hora de tomar la decisión de reintegrar a Honduras en el seno de esta institución. En este marco lo mínimo que debió hacer la administración del presidente Lobo es el despido de los militares golpistas que forman parte de su gobierno.
Por otra parte, desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010, los actos de violencia e intimidación contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y campesinos han continuado. Los avances en la investigación de los asesinatos, agresiones y amenazas han sido nulos o casi nulos, y destaca el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de más de 200 personas.
Ante esta situación, que claramente evidencia la ausencia del Estado de derecho y subraya la impunidad de que gozan los instigadores del golpe de Estado así como los máximos responsables de violaciones graves de derechos humanos, la FIDH solicita a los Estados miembros de la OEA que no acepten la reintegración de Honduras en la OEA mientras no se investigue y sancione a los responsables por los asesinatos y otras violaciones graves contra los derechos humanos cometidas en Honduras a raíz del golpe de Estado.