FIDH denuncia destitución de magistrados de la Corte Suprema

21/12/2012
Comunicado

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia la destitución de cuatro Magistrados de la Corte Suprema Justicia por el Congreso Nacional.

El pasado miércoles 12 de diciembre, cuatro magistrados de la Corte Suprema fueron destituidos abusivamente por el Congreso Nacional, que alegó que había existido un mal proceder de los magistrados, al emitir un fallo sobre un decreto que no se encontraba en vigencia. Esta destitución ocurre después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, por mayoría, haya dictado una sentencia en la que declaró inconstitucional la Ley de Depuración Policial, aprobada el 24 de mayo de 2012 por el Congreso, que apuntaba a facilitar el proceso de depuración de la Policía Nacional, mediante un sistema de pruebas de confianza como exámenes antidrogas o pruebas ante detectores de mentiras (polígrafo).

El pasado 27 de noviembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que esta ley era inconstitucional por vulnerar derechos y garantías constitucionales, a instancia del derecho a la defensa, al proferirse la sentencia por mayoría esta deberá someterse al pleno de la Corte.

En un Estado Democrático de Derecho el respeto de la división de poderes debe regir en todo momento. La FIDH recuerda que fue la actual Corte Suprema de justicia la que avaló el Golpe de Estado del 2009 y que esa acción debió haberles valido la destitución inmediata de los 15 Magistrados que la integran, por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, como lo ha expresado Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH: «Esta destitución, al no ser expresamente motivada, vulnera de forma significativa el principio de la separación de poderes y alimenta el debilitado Estado de Derecho en Honduras desde 2009».

En consecuencia, denunciamos que esta destitución representa una grave intromisión del poder legislativo en el ejercicio del poder judicial. La FIDH llama a que se invaliden estas destituciones, en la medida en que no sólo contravienen el principio de la separación de poderes sino que también fragilizan más a un poder judicial altamente cuestionado por su participación en la validación de un golpe de Estado.

Asimismo, la FIDH, abogando por el fortalecimiento del sistema de justicia en Honduras, para garantizar que esté al servicio del pueblo hondureño, llama a que se tomen las medidas necesarias para garantizar un ejercicio libre e independiente de la labor de los operadores de justicia.

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