La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condena el golpe de estado en contra del Presidente de Honduras, Señor Manuel Zelaya, quien fue secuestrado por el Ejército y deportado por la fuerza a Costa Rica el día 28 de junio, y hacemos pública nuestra preocupación por los hechos subsiguientes que se han registrado en ese país centroamericano que constituyen violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos de Honduras y, que podrían desembocar en hechos más graves de violencia.
Al quebrantamiento del orden constitucional le ha seguido la vulneración de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Hondureña y en convenios y tratados internacionales ratificados por esa nación. Se han producido detenciones ilegales, se han girado órdenes de captura en contra de dirigentes sindicales y otros líderes sociales, se han dado violaciones al derecho de libertad de circulación del pueblo hondureño, la militarización de la capital, la interrupción del servicio público de transporte y la clausura de varios medios de comunicación.
En ese contexto, la FIDH expresa su profunda preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos que luchan por la democracia y el respeto del Estado de Derecho y que ya han sido víctimas de una oleada de asesinatos y amenazas en los últimos meses. Expresamos nuestra profunda preocupación por la vida e integridad física de los miembros del gabinete del Presidente Zelaya y sus familiares y en general, por el pueblo de Honduras.
Por todo ello, la FIDH exige el restablecimiento del orden democrático, demandamos retomar el mecanismo del diálogo como medio eficaz para la solución de las controversias internas, la liberación de los miembros del Gobierno detenidos ilegalmente así como la restitución del Presidente Zelaya y la adopción de medidas de protección para los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Finalmente, solicitamos la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de su Secretario General y la utilización de la Carta Democrática en el ámbito regional interamericano, en particular de sus artículos 19 y siguientes relativos a "la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro".