París, Santo Domingo, Puerto Príncipe, 25 de marzo de 2015.- La FIDH y sus organismos miembros en Haití, la RNDDH y la CEDH, y la CNDH en República Dominicana, saludan el nuevo diálogo y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos luego de los ataques a consulados de República Dominicana en Puerto Príncipe y otras localidades de ese país en febrero de este año.
Saludan asimismo el compromiso de ambos gobiernos a fortalecer su relación bilateral y a garantizar la seguridad de los consulados y sedes diplomáticas dominicanas en Haití.
“El diálogo es y seguirá siendo la mejor forma de afrontar y resolver las diferencias, expresar los puntos de vista y llegar a acuerdos que preserven la paz y armonía entre los estados” declararon los representantes de las organizaciones firmantes.
No obstante, los organismos firmantes manifiestan su preocupación ante la coyuntura de intolerancia por la que atraviesa la relación entre estas naciones hermanas y que generó recientemente el quiebre de las relaciones diplomáticas y episodios graves de discriminación racial hacia nacionales haitianos en la República Dominicana. Los organismos defensores de derechos humanos instan también a las autoridades competentes a realizar investigaciones exhaustivas respecto al asesinato del joven haitiano en Santiago cuyo cadáver fue hallado colgando de un árbol de la plaza de la ciudad.
El arraigado racismo y segregación de los últimos años entre ambos países se ha visto reforzado por la sentencia 168 del Tribunal Constitucional Dominicano que declara apátridas a los dominicanos de ascendencia haitiana y por la ley 169/14. Incluso este Tribunal ha declarado inconstitucional el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El derecho a la nacionalidad es un principio democrático universal que debe ser respetado y garantizado y que claramente sigue siendo violentado y desatendido por decisión del Estado dominicano” señalaron los representantes de las organizaciones.
Las organizaciones hacen un llamado a las autoridades de ambos países a adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios democráticos y de convivencia cordial que caracterizan a estos países, así como a la comunidad internacional para visibilizar esta situación y asegurarse que los instrumentos internacionales en materia de respeto de derechos humanos sean acatados.