Haití: La seguridad humana en peligro

12/11/2012
Comunicado
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La FIDH y sus organizaciones miembro en Haití, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Ecuménico para los Derechos Humanos, han publicado hoy un alarmante informe sobre la inseguridad humana a pesar de la importante ayuda humanitaria suministrada después del terremoto del 12 de enero de 2010.

Casi tres años después de esta tragedia, más del 80% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza, en una situación de extrema precariedad, que el huracán Sandy ha agravado. Para los 370.000 damnificados por el terremoto que aún viven en campamentos de desplazados, la situación está empeorando día a día, las condiciones de vida son indignas y degradantes, los desalojos forzados de los damnificados siguen produciéndose en los campamentos ubicados en terrenos privados, y las poblaciones son abandonadas por las ONG, encontrándose en una situación de extrema vulnerabilidad. En ese ambiente tan degradado y degradante de los campamentos de desplazados, la violencia no hace sino acrecentarse y las mujeres y las niñas siguen siendo especialmente vulnerables a la violencia sexual.

El informe lamenta que las soluciones a las víctimas del terremoto hayan sido inadecuadas, inseguras y que hayan alargado los problemas en el tiempo y en el espacio, en lugar de resolverlos. Esto es aún más preocupante, tanto que la comunidad internacional se había comprometido a proporcionar un apoyo masivo a la reconstrucción del país tras el devastador terremoto que sacudió a la nación entera (cerca de 300.000 muertos y más de un millón y medio de personas desplazadas).

Este informe que, denuncia la situación de la población más vulnerable en los campamentos, también se refiere a la agravación de la pobreza, la exclusión social y la inseguridad alimentaria en el conjunto del país. Todo eso no obedece a la fatalidad, sino a políticas públicas nacionales, en gran parte dominadas por los responsables políticos internacionales.

"Políticas públicas a corto plazo no pueden garantizar el acceso de la población a los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vivienda, la alimentación, la salud y la educación", dijo Belhassen, Presidenta de la FIDH .

A esta situación se añade una inseguridad jurídica constante, especialmente evidente en las cárceles y en el grave funcionamiento de la policía y del sistema judicial. Esto constituye otro hecho que denuncia el informe.

Casi el 70% de la población reclusa se encuentra en detención preventiva prolongada, a veces desde hace varios años, y sin acceso a asistencia letrada. Las condiciones de vida en las cárceles son inhumanas y degradantes. Debido a la falta de higiene y el hacinamiento existente, 275 reclusos han muerto de cólera desde su aparición en octubre de 2010.

Desde principios de 2012 existe una situación de inseguridad, que se caracteriza por un aumento de los secuestros y de los homicidios, especialmente en el área metropolitana. A pesar del inicio de un proceso de depuración de los agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH), la participación de algunos de estos en actividades delictivas o violaciones de los derechos humanos persiste.

Las graves deficiencias del sistema judicial contribuyen a la perpetuación de la impunidad, de la falta de acceso a la justicia y de la persistencia de la corrupción. Pues si bien el Consejo Superior de la Judicatura fue creado en julio de 2012, la FIDH, la CEDH y el RNDDH expresan su preocupación sobre su imparcialidad e independencia, debido a la persistencia de intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial. Por otra parte, la orden del juez declarando prescritos los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el ex dictador Jean Claude Duvalier, plantea serias inquietudes sobre el compromiso de la justicia haitiana para juzgar las atrocidades cometidas durante dictadura.

En este contexto, el informe también destacó los interrogantes que se plantean sobre el papel de la MINUSTAH, misión de las Naciones Unidas encargada de mantener la paz y la seguridad en Haití.

Los resultados de sus operaciones son insuficientes y han sido muchas las críticas elevadas en el interior del país. Tras la renovación de su mandato por el Consejo de Seguridad durante un año el 12 de octubre de 2012, la RNDDH, FIDH y el CEDH dan la bienvenida a la reducción del contingente militar , así como a la solicitud a los países de que las violaciones cometidas por sus nacionales sean objeto de investigación y de sanciones.

En el informe la FIDH, el RNDDH y el CEDH interpelan a los principales actores nacionales e internacionales que ostentan, en diferente medida, el poder de reformar, transformar y promover políticas que hagan frente al desafío de la recuperación de Haití y al establecimiento de un Estado de Derecho.

Con este fin, el informe hace una serie de recomendaciones concretas, que incluyen las siguientes prioridades:

A las autoridades haitianas:

  • Garantizar las debidas condiciones de realojamiento y un acompañamiento estructural de los desplazados ;
  • Implementar las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2010 contra los desalojos forzosos;
  • Implementar las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 2010 en favor de las mujeres y de las niñas desplazadas;
  • Tomar las medidas necesarias para luchar contra el hacinamiento y garantizar condiciones dignas de detención ;
  • Juzgar a las personas en prisión preventiva y proporcionar asistencia legal a cada persona acusada;
  • Completar el proceso de formación de la Policía Nacional y la depuración de los mismos;
  • Juzgar a Jean Claude Duvalier por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen;
  • Organizar un trabajo de memoria sobre las víctimas de la dictadura.

A la comunidad internacional :

  • Apoyar y fortalecer las instituciones democráticas del país y luchar contra la corrupción;
  • Asegurar una mayor coordinación de los proyectos de reconstrucción y de desarrollo entre los actores públicos y privados, promoviendo proyectos que tengan como objetivo soluciones sostenibles que asocien a las poblaciones afectadas;
  • Realizar estos proyectos en consulta y colaboración con la sociedad civil haitiana;

A las Naciones Unidas :

  • Exigir a la MINUSTAH que reconozca su responsabilidad por el estallido de la epidemia de cólera y establecer un comité permanente de las reclamaciones;
  • Exigir a la MINUSTAH que informe sobre la situación de los soldados que regresaron a sus países por haber cometido violaciones de derechos humanos en el marco de la política de tolerancia cero, ya que estos deberían ser procesados en sus países.

El informe está disponible en Ingles en la siguiente página.

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