El respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Haití deben ser, hoy más que nunca, una prioridad para las autoridades haitianas.
Señor Presidente:
Con motivo de la visita oficial a Francia del presidente Michel Joseph Martelly, los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014, y del encuentro bilateral que celebrará con él el viernes 31 de octubre, nuestras organizaciones le piden que incluya la protección de los derechos humanos en la agenda de las conversaciones con su homólogo haitiano.
Francia, en su calidad de socio preferente de Haití, debe expresar su preocupación en relación a los hechos acaecidos recientemente en el país, que hacen temer por una deriva peligrosa para la instauración de un estado de derecho y democrático duradero en el país. Entre esas preocupaciones se encuentran las amenazas a las libertades públicas, una dependencia cada vez más marcada del poder judicial y una crisis electoral constante.
Sobre las amenazas a las libertades públicas
Desde la elección del presidente Michel Joseph Martelly, el poder ejecutivo vulnera de forma recurrente la libertad de expresión y de asociación del pueblo haitiano. Las manifestaciones antigubernamentales pacíficas han sido reprimidas sistemáticamente por agentes del cuerpo de policía haitiana, que han recibido la orden de utilizar el gas lacrimógeno sin limitaciones y están arrestando a opositores.
Así, el domingo 26 de octubre, los partidos de la oposición organizaron manifestaciones para reclamar entre otras cosas la celebración de elecciones legislativas, tal como había anunciado el Gobierno, o, en su defecto, la dimisión del jefe del Estado. La represión de estas manifestaciones se saldó con la detención de tres personas en Les Cayes y de dos activistas políticos en Puerto Príncipe, que fueron encarcelados sin comparecer ante ninguna autoridad judicial. En un contexto en el que el pasado 17 de octubre, en el marco de una manifestación pacífica organizada en Puerto Príncipe para exigir la salida del presidente Martelly, ya habían sido detenidas 18 personas que fueron posteriormente encarceladas en la prisión civil de Puerto Príncipe por actos de incitación a la violencia, estos hechos son signos reveladores del déficit democrático que persiste en Haití.
Es fundamental que Francia pueda recordar al presidente haitiano que la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos debe estar garantizada en toda circunstancia, así como la importancia de respetar la separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo y de proteger a la justicia haitiana de cualquier posible instrumentalización con fines políticos.
La presencia de prisioneros políticos en las cárceles haitianas es una señal preocupante para el futuro de la democracia en Haití, por lo que esperamos traslade al presidente el llamamiento urgente para que estas personas sean puestas en libertad.
Sobre la dependencia del poder judicial
El poder judicial haitiano tiene dificultades para salir del yugo del poder ejecutivo. El presidente del Consejo Superior del Poder Judicial recibe órdenes directas del Palacio Nacional, sede del presidente, a las que obedece ciegamente. A pesar de que nuestras organizaciones han lanzado la voz de alarma, el Ejecutivo continúa interviniendo en la gestión de los asuntos del poder judicial: no se renueva el mandato de los jueces a pesar de la opinión favorable del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), el poder ejecutivo nombra o revoca a jueces actuando al margen de la ley, etc.
Por otra parte, nuestras organizaciones han recordado con fuerza, al día siguiente de la muerte de Jean Claude Duvalier, que su desaparición no significaba en absoluto el fin del proceso judicial sobre los crímenes contra la humanidad perpetrados bajo el régimen de Duvalier, actualmente en marcha ante la justicia haitiana y en fase de instrucción desde febrero de 2014. Este proceso judicial debe continuar, protegido de cualquier injerencia por parte del poder ejecutivo, para que la justicia haitiana haga justicia a las víctimas del régimen de Duvalier, con total independencia e imparcialidad. Después de que el exdictador haya pasado veinticinco años exiliado en Francia sin ser juzgado, Francia debe adoptar una posición fuerte al respecto y llamar a la lucha contra la impunidad para los autores de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Haití. Francia debe igualmente aportar su apoyo a la mejora de la independencia y de las capacidades de la justicia haitiana, con el objeto de contribuir a que se convierta en un poder independiente, capaz de responder a la necesidad de justicia de las víctimas.
Sobre la crisis electoral
La Constitución haitiana hace que la responsabilidad principal de la buena marcha de las instituciones del Estado recaiga sobre el presidente de la República. De él depende asímismo que se convoquen elecciones para evitar la ruptura del orden democrático. Sin embargo, desde el último escrutinio realizado en 2010 y en 2011, que llevó al poder a Michel Joseph Martelly, no se ha organizado ningún proceso electoral. Hoy, el país está en una situación de estancamiento. Todos los cargos electos de los consejos comunales han sido reemplazados por personas próximas al presidente.
El Senado está funcionando tan solo con dos tercios de sus miembros. Las elecciones legislativas que estaba previsto se celebrasen el 26 de octubre han sido pospuestas indefinidamente y el 12 de enero de 2015 es la fecha en la que los miembros electos de la Cámara de Diputados llegan al término de su mandato sin que tampoco se hayan renovado dos tercios del Senado en el plazo estipulado. Nuestras organizaciones están especialmente preocupadas por la deriva que la falta de elecciones pudiera causar en el seno de la sociedad haitiana que aspira a una sociedad democrática.
Finalmente, nuestras organizaciones recuerdan la reparación injustamente pagada por Haití a Francia en el momento de su independencia. Hoy, Francia debe hacer lo que sea necesario para compensar esta situación, al menos mediante una ayuda más sustancial.
Confiamos en la atención que tenga a bien dedicar a la presente comunicación y le saludamos atentamente, señor Presidente.
Firmantes:
FIDH - Federación Internacional de los Derechos Humanos
RNDDH - Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos
CEDH - Centro Ecuménico de Derechos Humanos
LDH - Liga de los Derechos Humanos