Son treinta años de espera para las víctimas del genocidio y de delitos de lesa-humanidad contra el pueblo Ixil, cometidos durante los años de 1982 y 1983. Frente a los cuales las autoridades judiciales guatemaltecas tienen la responsabilidad mayor de actuar con absoluta independencia e imparcialidad y en aras de luchar contra la impunidad.
La FIDH deplora este nuevo intento por entorpecer y anular el proceso. Sin más defensa que una estrategia dilatoria, los abogados del General Ríos Montt y su de su ex-jefe de inteligencia militar Mauricio Rodriguez Sanchez, han interpuesto más de cien recursos para evitar que se haga justicia.
El uso abusivo de recursos de apelación y amparo ha sido una de las serias falencias del sistema de justicia guatemalteco, que ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han denunciado la permisividad de los jueces respecto del uso malicioso del amparo y otros recursos legales como estrategia dilatoria de los procesos.
En ese sentido, los jueces tienen la obligación de actuar como verdaderos rectores del proceso y no servir, como espectadores pasivos, de las estrategias dilatorias de las partes. Como garantes de la ley, la judicatura debe evitar que el abuso de la misma favorezca la impunidad por crímenes internacionales.
No se puede retrotraer este proceso histórico que ya estaba en un estado avanzado de la etapa de juicio. Más de 100 testigos, sobrevivientes y expertos han rendido su declaración en el estrado, y la anulación de sus declaraciones sería una afrenta a la confianza puesta por estas personas en la administración de justicia.
Así, no podemos sino unirnos a las múltiples voces que proclaman su preocupación por la suspensión del proceso contra Ríos Montt y por su posible anulación. La incertidumbre generada por las decisiones de las autoridades judiciales de los últimos días nos lleva a solicitarles que como máxima instancia de las garantías constitucionales y fundamentales de los y las guatemaltecas, aclaren el alcance de las decisiones tomadas en los recursos resueltos, salvaguardando el derecho de las víctimas.
Firmas:
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
ARGENTINA
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)
BOLIVIA
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB)
BRASIL
Justiça Global (JG)
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)
CANADA
Ligue des Droits et Libertés (LDL)
CHILE
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
Observatorio Ciudadano (OC)
COLOMBIA
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
Organización Femenina Popular (OFP)
CUBA
Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional (CDHRN)
ECUADOR
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
EL SALVADOR
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
ESTADOS UNIDOS
Center for Constitutional Rights (CCR)
HAITÍ
Centre Œcuménique des Droits Humains (CEDH)
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
HONDURAS
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
MÉXICO
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEEDH)
NICARAGUA
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
PANAMÁ
Centro de Capacitación Social (CCS)
PERÚ
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo
REPÚBLICA DOMINICANA
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)