Pese a eso, algunos congresistas han decidido llevar a cabo una reunión teniendo como objetivo finalizar los nombramientos de las Altas Cortes sin tomar en cuenta la resolución del 6 de mayo de la Corte de Constitucionalidad.
La FIDH y CALDH denuncian el riesgo inminente de que el Congreso elija magistrados que estén implicados con redes de corrupción y/o vinculados con personas que se encuentran perseguidas penalmente por casos de corrupción y recuerdan que los candidatos a jueces y magistrados de las Altas Cortes deben tener perfiles idóneos y cumplir con condiciones de honorabilidad estipuladas en la Constitución.
El ataque más grave en contra de la Corte de Constitucionalidad ha sido la decisión de dar trámite a un antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía Orellana, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana por haber emitido la resolución arriba mencionada que evidenciaba ciertos conflictos de intereses de candidatos a magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Por ser magitrados de la Corte de Constitucionalidad, este trámite de antejuicio se hace ante la comisión pesquisadora del poder legislativo.
La Corte de Constitucionalidad otorgando un amparo, recordó que los jueces no pueden ser juzgados por su resolución y suspendió el antejuicio. Pese a esta suspensión, el Congreso sigue avanzado en la conformación de la Comisión Pesquisadora.
Estos sucesos ponen de manifiesto el riesgo de caer y repetir una situación de impunidad, ahondando aún más la corrupción en el país. Desde el final del conflicto armado, los avances en el sistema de justicia, siempre han sufrido embestidas que buscan paralizarlos o revertirlos. [1]
Estas acciones ilegales e inconstitucionales se enmarcan a su vez, en una serie de actos que tienden a desmantelar el Estado de Derecho en el país y sobre todo, la independencia judicial de los diferentes órganos del poder judicial, afectado el acceso a la justicia de la población guatemalteca y sobre todo, el pleno goce de sus derechos humanos.
Por todo lo anterior, la FIDH y su organización miembro CALDH solicitan al Congreso de la República de Guatemala :
– Respetar el orden constitucional y los principios de separación de poderes y de independencia judicial.
– Acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre el procedimiento de nombramiento de los jueces y magistrados de las Altas Cortes
– Garantizar la honorabilidad, idoneidad e independencia judicial así como el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales establecidos por la Constitución Política de Guatemala en sus artículos 113, 207, 216 y 217
– Tomar medidas urgentes para proteger la vida e integridad física de los cuatro magistrados, y sobre todo, garantizar el pleno ejercicio de sus funciones en el marco de un Estado de Derecho.
– Tomar en consideración y dar seguimiento a las medidas cautelares ya otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tres de los magistrados (Bonerge Mejía, Francisco Mata Vela y Gloria Porras) quienes en situaciones anteriores, fueron amenazados y hostigados en el ejercicio de sus funciones.