GUATEMALA: Recientes medidas del gobierno de Jimmy Morales constituyen un golpe a la institucionalidad democrática

09/01/2019
Declaración

COMUNICADO CONJUNTO - EL OBSERVATORIO / UDEFEGUA

Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 9 de enero de 2019 – En los últimos días, el gobierno de Jimmy Morales ha desobedecido reiteradamente las resoluciones judiciales, frenando así la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Esto constituye un golpe a la institucionalidad democrática, denuncian el Observatorio (OMCT-FIDH) y la UDEFEGUA.

El 7 de enero de 2019, el presidente de la República de Guatemala Jimmy Morales anunció su decisión ilegal y contraria a los principios de derecho internacional de romper unilateralmente el convenio con las Naciones Unidas por el que se estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato finaliza en septiembre de 2019. Esta decisión ha sido enérgicamente rechazada por el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, mientras que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca (CC) anunció el día de hoy 9 de enero su decisión de otorgar un amparo provisional que establece la suspensión de esta decisión e instruye al Estado guatemalteco a garantizar el funcionamiento de la CICIG.

La decisión del presidente Morales implica la profundización del golpe a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en Guatemala al constituir el enésimo acto de desobediencia en los últimos días por parte de su gobierno a las resoluciones de la CC, máximo órgano constitucional en el país. Entre los hechos más graves destaca la detención ilegal entre los días 5 y 6 de enero del investigador de la CICIG, el Sr. Yilen Osorio, en el Aeropuerto de la Ciudad de Guatemala por parte de funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República, todo ello en flagrante desobediencia de la CC que había dado un plazo de 12 horas al gobierno para extender visas y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG incluyendo el Sr. Osorio.

Igualmente, durante la conferencia de prensa del 7 de enero el presidente Morales hizo comentarios amenazantes contra la sociedad civil y ordenó “que se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales contra las personas individuales y autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes incluyendo prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”.

El Observatorio y la UDEFEGUA muestran su preocupación ante declaraciones que propician la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala incluyendo funcionarios de la CICIG e integrantes de las instituciones garantes de los derechos humanos en el país como la CC y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Esto ocurre en un contexto de elevada violencia contra las personas defensoras de derechos humanos como lo demuestra los 26 asesinatos en el año 2018 así como el clima de intimidación y hostigamiento contra los líderes de las principales organizaciones de derechos humanos en el país, particularmente desde que, el 31 de agosto de 2018, el Presidente Morales redoblara sus esfuerzos para poner freno a la lucha contra la impunidad y la corrupción con el anuncio de la no renovación del mandato de la CICIG .

Por todo lo anterior, el Observatorio y la UDEFEGUA hacen un llamado a las autoridades guatemaltecas a cesar todo acto de intimidación contra la sociedad civil guatemalteca y, particularmente, contra de las organizaciones de derechos humanos, así como a respetar el orden constitucional y a garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía guatemalteca.

Asimismo, hacen un llamado al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que convoque una reunión extraordinaria para condenar las recientes acciones tomadas por el Gobierno de Jimmy Morales y para exigir al Estado de Guatemala a que ponga fin a sus acciones en contra de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

Finalmente, el Observatorio insta a toda la comunidad internacional a tomar medidas diplomáticas contundentes en proporción a la gravedad de la situación incluyendo comunicados públicos, llamadas a consultas de las representaciones diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países y la consideración de posibles sanciones personales y comerciales hasta que se ponga fin al golpe a la institucionalidad.

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