El 11 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, el Sr. Sonny Armando Figueroa fue asaltado en la Plaza de la Constitución, en el centro de la Ciudad de Guatemala, por un grupo de hombres desconocidos, quienes lo tiraron al suelo y le robaron la billetera y su teléfono, donde almacenaba informaciones relacionadas con sus investigaciones periodísticas. Minutos después, al acudir en busca de ayuda al Palacio Nacional de la Cultura situado a escasos metros de la Plaza de la Constitución, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) lo reconoció, tras lo cual fue agredido física y verbalmente por un civil, así como por agentes de la PNC, quienes lo arrestaron por “escándalo en la vía pública” y delito de cohecho.
El Sr. Figueroa fue detenido preventivamente en la Torre de Tribunales hasta la tarde del 12 de septiembre, cuando fue puesto en libertad por orden del juez, quien decretó falta de mérito por ambos delitos y ordenó al Ministerio Público investigar el arresto y las agresiones contra el periodista.
El Observatorio y la UDEFEGUA destacan que, el 9 de septiembre, dos días antes de ser detenido, el Sr. Figueroa había publicado como coautor un reportaje de investigación en los medios Vox Populi y Artículo35 en el que analizaba los presupuestos asignados a la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno[1], así como los perfiles profesionales y los salarios que reciben sus miembros.
El mismo 9 de septiembre, el Sr. Luis Miguel Martínez Morales, director de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, anunció mediante comunicado la interposición de una denuncia penal contra el periódico digital Plaza Pública por supuestos delitos de “acoso”, “amenazas” y “extorsión” contra él y su familia. Esta denuncia estaría relacionada con las labores de investigación periodística llevadas a cabo por el Sr. Pavel Gerardo Vega en el marco de la investigación periodística para desarrollar un perfil del funcionario. A través de dichas pesquisas se obtuvo información de los supuestos vínculos empresariales entre el Presidente Giammattei y el Sr. Miguel Martínez, lo que fundamentó un reportaje publicado ese día. El Sr. Vega ha sido objeto de seguimientos y vigilancia de forma previa por su actividad periodística.
El Observatorio y la UDEFEGUA recuerdan que la legítima labor de fiscalización del Gobierno de Guatemala llevada a cabo por periodistas y medios de comunicación independientes ha sido sistemáticamente hostigada y atacada desde que el Sr. Alejandro Giammattei asumió el cargo de Presidente de la República en enero de 2020[2].
Asimismo, precisamente desde hace nueve meses, las periodistas Jody García, Francelia Solano, Kimberly López y Pía Flores han sido víctimas de una campaña de acoso y difamación en las redes sociales por sus publicaciones de denuncia de casos de violencia contra las mujeres y agresiones contra organizaciones, comunidades y personas defensoras de derechos humanos.
El Observatorio y la UDEFEGUA alertan de que los embates contra la libertad de expresión y de información que se registran en el país desde enero de 2020 se enmarcan en un contexto generalizado de grave deterioro de los derechos humanos en el país. Dicha situación se concretiza, por un lado, en las elevadas cifras de agresiones y asesinatos contra las personas defensoras de los derechos humanos[3] y, por el otro, en el desmantelamiento de la institucionalidad de los derechos humanos, así como en la progresiva militarización del país a través de la imposición del estado de sitio en varios municipios, agudizada por el decreto del Estado de calamidad pública por la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020[4]. Estos hechos socavan el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala.
El Observatorio y la UDEFEGUA rechazan enérgicamente el hostigamiento y la criminalización contra periodistas y medios de comunicación guatemaltecos y se muestran profundamente preocupadas por la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en el país. Por ello, ambas organizaciones exigen a las autoridades de Guatemala el establecimiento de plenas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de defensa de los derechos humanos y el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organización que proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para la generación de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos. La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
[1] La Comisión Presidencial del Centro de Gobierno fue creada el 27 de enero de 2020 por el Presidente Giammattei mediante el Acuerdo Gubernativo 31-2020, con el objetivo de “coadyuvar en la coordinación, acompañamiento, asesoramiento y verificación de planificación, gestión y ejecución institucional para el cumplimiento de prioridades presidenciales”.
[2] Véanse Pronunciamiento Conjunto del Observatorio y la UDEFEGUA, publicado el 4 de junio de 2020; Pronunciamiento Conjunto del Observatorio y la UDEFEGUA, publicado el 3 de abril de 2020.
[3] Véase Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas defensoras en Guatemala”, publicado el 11 de septiembre de 2020.
[4] Véase Comunicado de la OMCT, publicado el 28 de agosto de 2020.