La CICIG, junto con el MP ha logrado el procesamiento de 660 personas y obtenido la condena de más de 400 de ellas. Asimismo ha evidenciado 70 estructuras ocultas de criminalidad y sus lazos con actores políticos, empresariales y militares. Entre 2007 y 2017 se considera que la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad - FECI contribuyeron a una reducción neta de más de 4500 homicidios.
Preocupa considerablemente la paradójica estrategia del electo presidente Giammattei, quien por un lado rechaza el apoyo internacional y multilateral: "No necesitamos ayuda de los organismos internacionales para que nos vengan a decir qué hacer. " en alusión al trabajo de la CICIG, pero por otro lado y ante el vacío que dejará esta institución, ha propuesto pedir asistencia al FBI de Estados Unidos para el combate de la criminalidad.
En este complejo escenario, la FIDH y la Convergencia por los Derechos Humanos emiten, en el presente informe una serie de recomendaciones para el Estado guatemalteco en aras de robustecer los avances logrados y trazar una línea tajante frente a la corrupción, la impunidad y la criminalidad. El informe de la misión que la FIDH llevo a cabo a fínales de agosto denuncia el gran riesgo de retroceso para los logros obtenidos en materia de justicia, pero también el desmoronamiento de la misma institucionalidad guatemalteca.
La FIDH y la Convergencia por los Derechos Humanos alertan en este informe acerca del probable debilitamiento de la independencia de la justicia, a través de una selección viciada de los futuros magistrados de las Cortes de apelación y Corte Suprema, de la criminalización y el hostigamiento contra las personas e instituciones que han participado de distinta manera en el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad.
La FIDH y la Convergencia por los Derechos Humanos explican en el informe que existe una aparente alianza de los sectores más conservadores con el Ejecutivo y con aquellos que se vieron afectados negativamente por las mejoras en el funcionamiento del sistema de justicia. Esta coordinación, que incluye militares involucrados en graves crímenes durante el conflicto armado, grupos empresariales, políticos y religiosos vinculados con hechos de corrupción, dio lugar a lo que se denominó “Pacto de corruptos”. Los ataques de este grupo han buscado también un desmantelamiento del andamiaje jurídico e institucional que hizo posible un cambio central en el funcionamiento del sistema de justicia, la criminalización de los actores claves de estos avances, y la reversión de los casos judiciales apoyados por la CICIG.
La FIDH y la Convergencia por los Derechos Humanos expresan su preocupación acerca de las actuaciones de esta alianza quien se encontrará todavía en el poder en los próximos cuatro meses hasta que el nuevo Congreso y el presidente Giammattei se posesionen en enero de 2020.
Lamentable y sintomática ausencia https://t.co/fHj4wrXVlc
— FIDH (@fidh_es) September 23, 2019
Ver aquí debajo el informe completo:
