Guatemala: Cambios a la Ley de Reconciliación Nacional son un grave retroceso y violan el derecho internacional

30/01/2019
Comunicado

París, Ciudad de Guatemala, 30 de enero de 2019.- El Congreso de la República de Guatemala ha iniciado la semana pasada una serie de debates para modificar la Ley de Reconciliación Nacional. La ley actual y su amnistía aplica para delitos comunes mas no para delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, los cuales se pretende ahora incluir. Con las modificaciones propuestas se daría amnistía total a los culpables por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

“De aprobarse, esta amnistía significaría no solo un enorme retroceso frente a los avances que permitieron la condena de genocidas sino que pone en peligro, ofende y revictimiza a quienes durante tantos años esperaron que se hiciera justicia, empezando por los familiares de las víctimas”

señaló Juan Francisco Soto, presidente de CALDH.

La ley es especialmente preocupante en tanto tiene un efecto retroactivo y absuelve de toda responsabilidad no solamente a quienes cometieron delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura sino a cualquier persona que haya encubierto, sido complice o haya participado en el enfrentamiento armado interno. El nuevo texto propone, literalmente: “Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”.

La reforma agrega un artículo, en el cual se menciona que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

“Estos recursos son un veta directa hacia la impunidad y constituyen junto a otras medidas recientes del presidente Jimmy Morales, un atropello a las obligaciones, instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos, y un desdén en el ejercicio del poder. Los crímenes de lesa humanidad, cometidos en Guatemala, no son amnistiables”

indicó Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH.

La FIDH y sus organismos miembro seguirán movilizándose en aras de garantizar el respeto por la democracia y para que décadas de luchas y esfuerzos por el respeto de los derechos humanos conseguidos en Guatemala permanezcan vigentes.

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