Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) sobre la criminalización en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda, Presidenta de la Junta Directiva de la UDEFEGUA y miembro del Comité Ejecutivo de la OMCT, y del Sr. José Manuel Martínez Cabrera, miembro del Colectivo Justicia Ya [1].
Según la información recibida, la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera se enfrentan a una denuncia penal por parte del Sr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo la acusación de sustracción, desvío o supresión de correspondencia con agravación específica y tráfico de influencias.
La denuncia del Presidente de la CSJ se produce como represalia por la querella que la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera presentaron el pasado 17 de enero de 2019 en la que solicitaban el retiro del privilegio de la inmunidad (solicitud de antejuicio) en contra de 11 magistrados de la CSJ [2] por considerar que el 9 de enero de 2019 al resolver dar trámite al Antejuicio 294-2018 en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a instancias de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN), los 11 magistrados estaban violando la Constitución Política de la República de Guatemala y cometiendo delito de prevaricato [3].
Junto a la querella presentada el 17 de enero de 2019, la Sr. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera adjuntaron una copia de la resolución del CSJ de 9 de enero que había circulado ampliamente por medios de comunicación y por redes sociales. Sin embargo, a pesar de ser un documento de conocimiento público, el Presidente de la CSJ acusa a las dos personas defensoras de derechos humanos de haberlo obtenido de formal ilegal y haciendo uso de tráfico de influencias para obtenerlo.
El Observatorio condena la criminalización en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera, particularmente por el hecho de que el Presidente de la CSJ, en el ejercicio de sus funciones, haga un uso indebido del derecho penal en contra de dos personas defensoras de derechos humanos.
Esta criminalización parece ser una forma de retaliación contra la sociedad civil organizada y las organizaciones de derechos humanos que se han movilizado contra los atentados a la institucionalidad democrática en Guatemala encabezados por la desobediencia reiterada a resoluciones judiciales, por la persecución a magistrados de la Corte Constitucional y por la decisión unilateral de terminar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que suponen una grave amenaza para el Estado de Derecho y para los avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.
El Observatorio reitera su preocupación por la profundización de los patrones de persecución y violencia contra las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala. Según datos de la UDEFEGUA, en el año 2018 se produjeron 391 agresiones contra personas defensoras, incluyendo 26 asesinatos y 147 casos de criminalización.
Por todo lo anterior, el Observatorio hace un llamado a las autoridades guatemaltecas a que se ponga fin de manera inmediata e incondicional a todo acto de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera, así como a que cese todo acto de intimidación contra la sociedad civil guatemalteca.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Guatemala urgiéndolas a:
i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala
ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera, y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala;
iii. Poner fin al patrón de uso indebido del derecho penal y de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Guatemala.
Direcciones:
Sr. James Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala. E-mail: jimmy.morales@fcnnacion.com. Twitter: @jimmymoralesgt
Sr. Jorge Luis Borrayo, Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt; Twitter: @COPREDEH
Lic. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República; E-mail: fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt
Sr. Jordan Rojas Andrade, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Fax:+ 502.238.17.34; Twitter: @PDHgt
Embajadora Sandra Ericka Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores; E-mail: webmaster@minex.gob.gt
Sra. Embajadora Carla María Rodríguez Mancia, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra; E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int, onusuiza@minex.gob.gt
Sr. Embajador Luis Raúl Estevez, Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos en Washington; E-mail: oea@minex.gob.gt, guatemala@oas.org
Sr. Embajador Jorge Skinner-Klée Arenales Embajada de Guatemala en Bruselas; E-mail: embaguate.belgica@skynet.be
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.
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Ginebra-París, 24 de marzo de 2019
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. La OMCT y la FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] El Colectivo Justicia Ya nace en abril de 2015 después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) capturara a los primeros integrantes de la estructura criminal conocida como “La Línea”, que implicaba a las más altas autoridades del Estado guatemalteco. A través de redes sociales convocó movilizaciones sociales, que se mantuvieron a lo largo de 5 meses. El Colectivo ha mantenido presencia en las discusiones nacionales en temas vinculados al sector justicia, reformas constitucionales y profundización de la democracia.
[2] Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Silvia Patricia Valdés Quezada, Nery Osvaldo Medina Mendez, Vitalina Orellana y Orellana, Josué Felipe Baquiax Baquiax, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Ramiro Contreras, Silvia Verónica García Molina, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, José Antonio Pineda Barales y Manuel Reginaldo Duarte Barrera.
[3] El 9 de enero de 2019 el Pleno de la CSJ declaró que había motivos para trasladar la solicitud de antejuicio presentada por la ADN contra tres magistrados de la CC, en virtud de que la CC se habría excedido en cuanto a sus funciones por haberse opuesto a determinadas decisiones del Presidente Jimmy Morales en materia de política exterior y, particularmente, por permitir al diplomático Anders Kompass la permanencia en el país como embajador de Suecia. Con ello la CSJ violó su deber de garantizar la independencia judicial y autonomía de la CC, ya que, de conformidad con la Constitución Política, es función esencial de la CC la defensa del orden constitucional y en esa función actúa con independencia de los demás organismos del Estado.