Las investigaciones a la familia del Presidente Jimmy Morales y a su partido por financiamiento electoral ilícito, entre otras investigaciones a funcionarios públicos y del mundo empresarial, generó una alianza de los sectores más conservadores con el Ejecutivo y con aquellos que se vieron afectados negativamente por las mejoras en el funcionamiento del sistema de justicia.
Esta estructura, que incluye militares involucrados en graves crímenes durante el conflicto armado, grupos empresariales, políticos y religiosos vinculados con hechos de corrupción, dieron lugar a lo que se ha denominado “Pacto de corruptos”, mediante la cual se buscó retroceder en los avances señalados y evitar la consolidación de un verdadero estado de derecho.
“Guatemala pasó en pocos años de ser un paraíso para delincuentes, a ser un referente regional en la lucha contra la impunidad. Los juicios a Rios Montt por genocidio y a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti por corrupción son una muestra de ello. El futuro presidente no debe permitir que la reciente articulación de los sectores más conservadores del país ponga en riesgo años de trabajo por el fortalecimiento institucional y del estado de derecho en el país.”
Gran parte de este avance se logró gracias al trabajo de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tras más de 11 años de una intensa labor en el país (desde agosto de 2007), se ha vuelto un referente regional y un ejemplo respecto de cómo la comunidad internacional puede contribuir de manera esencial a consolidar los esfuerzos que se desarrollan localmente en el fortalecimiento del estado de derecho.
Son tres los principales retrocesos que intenta consolidar el llamado “Pacto de corruptos”: 1.- Acallar, debilitar y controlar a la sociedad civil independiente, (a través de la Iniciativa 5257), la cual ha sido una aliada fundamental en el fortalecimiento del sistema de justicia y una de las voces más críticas frente a las actuaciones del mencionado pacto. 2.- Propiciar la impunidad de los criminales, extendiendo la amnistía a todos los delitos cometidos en el marco del conflicto, incluyendo el genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad (iniciativa 5377) , y 3.- Endurecer la criminalización de mujeres que abortan y frenar la educación sexual, imponiendo valores morales y religiosos arcaicos (iniciativa ley 5272).
En este contexto, solicitamos a quien resulte elegido presidente a garantizar que estas reformas legislativas no prosperen y a sumar esfuerzos para fortalecer los controles que eviten el ingreso del financiamiento electoral ilícito.
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