La misión se entrevistó con más de veinte organizaciones de defensores de derechos humanos, sindicales y de periodistas, así como también con los principales representantes de las autoridades judiciales, ejecutivas y legislativas del país.
La misión ha podido establecer que, desde hace un año existe un incremento preocupante de las agresiones sufridas por quienes defienden el acceso al mejoramiento de las condiciones de vida y organización social, conforme a las normas básicas reconocidas por la comunidad internacional y definidas en los pactos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.
El carácter sistemático de las agresiones, sus modalidades de organización, la ausencia, muchas veces, de móvil económico, impiden atribuir, a pesar de las afirmaciones de las autoridades responsables de la seguridad de los ciudadanos, que dichas agresiones provengan de la delincuencia común .
Las informaciones recogidas por la misión demuestran la existencia de grupos vinculados con actores políticos, económicos y/o estatales, quienes buscan atemorizar e intimidar a la sociedad civil asi como imponer por la fuerza condiciones laborales infrahumanas.
La misión considera, en particular, como muy preocupante las amenazas y el ejercicio de violencia padecidas por los operadores de justicia, que tienen la responsabilidad de casos en los que se encuentran acusados mandos de las fuerzas armadas, asi como otros casos de características sensibles a sectores políticos, económicos y/o estatales, tal como puede ser considerado el caso Gerardi.
En este sentido, la misión destaca los casos de agresión violenta contra sindicalistas; la campaña sistemática de desprestigio contra periodistas y los allanamientos reiterados, intentos de secuestro y hasta violaciones padecidos por miembros de organizaciones de la sociedad civil.
La misión destaca que le llama la atención la ausencia, por parte del Estado, de una actuación seria para resolver, proteger y prevenir este tipo de agresiones.
El informe sobre los resultados de la misión del Observatorio será publicado y remitido por la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- y la Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT- a las personalidades entrevistadas, en el plazo de 2 meses.