Sr. Herman Van Rompuy
Presidente Permanente de la Unión Europea
Sra. Catherine Ashton
Alta Representante para la Política Exterior y Vicepresidenta de la Comisión Europea
Sr. Karel De Gucht
Comisario de Comercio Exterior de la UE
Sr. José Luis Rodríguez Zapatero
Presidencia española de la Unión Europea
Cc Estados miembros de la Unión Europea
En seguimiento a la comunicación de CIFCA y del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con fecha del 5 de febrero de 2010, queremos reiterar nuestra gran preocupación por la persistente tensión y el clima de violencia imperante en el departamento de San Marcos/Guatemala, generados en el contexto de serios cuestionamientos acerca de los procedimientos de la empresa española Unión FENOSA1 y su afiliada local en la región, Distribuidora de Electricidad del Occidente, S.A. (DEOCSA).
El día 22 de marzo 2010, tres personas desconocidas fueron sorprendidas cuando, al parecer, querían extraer y llevarse dos transformadores de energía eléctrica en una comunidad en el departamento de San Marcos. Según la información recibida, para tratar de evitarlo, la población comunitaria detuvo a
estas personas, que se presentaron como enviados de la empresa Cobra, encargada por Deocsa/Unión FENOSA para cobrar las facturas de energía eléctrica. Asimismo, se presentaron en el lugar, alrededor de 250 policías, antimotines usando gas lacrimógeno y matando al menos a uno de los miembros de la comunidad, Sr. Santiago Gamboa, uno de los líderes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos-FRENA. Otras seis personas resultaron heridas y otras ocho fueron detenidas.
Constatamos con preocupación que desde octubre de 2009, han ocurrido varios asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes y miembros del movimiento que denuncian los procedimientos de esta empresa.2 En San Marcos, uno de los departamentos del país donde está operando la empresa española, prevalece, desde el 22 de diciembre del 2009, el Estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala 3 frente a las tensiones y conflictos generados por DEOCSA y su casa matriz Unión FENOSA.4 Sin embargo, en lugar de resolver el conflicto, la suspensión de las garantías y derechos constitucionales de la población ha llevado a una situación más tensa y violenta.
También expresamos nuestra inquietud puesto que el trabajo de Unión FENOSA, fuera del Estado español, acumula ya múltiples señalamientos de vulneraciones a los derechos humanos, por parte de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.5
En virtud del inminente riesgo de un incremento del número de asesinatos y actos violentos, y teniendo en cuenta las declaraciones del Representante Especial del Secretario-General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, y que el papel de los Estados es asegurarse de que todas las empresas que operan en zonas de conflicto respeten los derechos humanos. Por su parte, las empresas tienen como obligación respetar todos los derechos humanos en sus operaciones, es decir asegurarse de que no ser cómplices de abusos de derechos humano.6
Haciendo referencia también a la Declaración de la Presidencia Sueca y la Presidencia Española, sobre los compromisos de promover y poner en práctica el marco de las Naciones Unidas sobre la Protección, Respeto y Remedios efectivos (ver anexo).
Teniendo en cuenta el Capítulo 1 del Título V del Tratado de la UE, que establece que la acción de la Unión en el ámbito internacional debe guiarse por los principios de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la Cláusula Democrática vigente en las relaciones Unión Europea – América Central, las Directrices de la UE sobre Protección a Defensores de Derechos Humanos; el Convenio 169 de la OIT y los informes regulares de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT.
Hacemos de nuevo un llamado a la Unión Europea y a la Presidencia Española a:
– Promover y apoyar la pronta y seria investigación de estos crímenes, y la persecución judicial de los responsables, para que no queden en la impunidad. Asimismo, solicitar al Fiscal General de Guatemala que los casos sean transferidos a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
– Recordar al Gobierno de Guatemala la limitación temporal exigida para las declaratorias de Estado de Prevención, solicitándole la adopción de medidas efectivas que conlleven a la suspensión definitiva del Estado de Prevención vigente en el departamento de San Marcos, de manera que se restablezcan plenamente las garantías y derechos constitucionalmente previstos. Junto a ello, solicitar al Gobierno guatemalteco la adopción de las medidas necesarias para prevenir la criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos.
– Promover una activa aplicación de las medidas de protección a defensores/as de los Derechos Humanos previstas en las Directrices de la UE sobre protección a defensores de derechos humanos, especialmente en aquellos casos donde la situación de tensión y conflicto está siendo vinculada a la presencia de empresas europeas.
– Instar a los/as representantes de la UE en Guatemala a que visiten el área y se reúnan con las organizaciones y comunidades afectadas, para que se informen de primera mano de la situación y de las visiones del conflicto con todos los sectores de la sociedad civil, y ofrezcan sus posibilidades de protección en función de prevenir más asesinatos y actos de violencia.
– Proponer que la situación en San Marcos, y la extrema vulnerabilidad de los defensores/as de derechos humanos en esa región sea tratada en el llamado “Grupo Filtro” de la Unión Europea, dando seguimiento a casos de ataques contra defensores/as de derechos humanos.
– Manifestar públicamente, en Guatemala y en Europa, la obligación de las empresas transnacionales europeas de cumplir con las normativas de responsabilidad social corporativa, de respetar los derechos humanos en terceros países, incluyendo el respeto hacia defensores/as de derechos humanos, y manifestar repudio por los casos de ataques.
– Promover que tanto el Gobierno guatemalteco como el Gobierno español incidan ante Unión FENOSA para que consideren suspender toda operación en el área de San Marcos hasta que se logre una solución duradera y participativa al conflicto actual.
– Solicitar a la CICIG que aporte sus conocimientos y experiencia a la investigación de estos casos de asesinatos y, en caso de que lo considere pertinente, asuma la investigación de los mismos.
En espera de su respuesta, nos despedimos atentamente.
Lizzette Robleto, Souhayr Belhassen, Eric Sottas
Presidenta CIFCA Presidenta de la FIDH Secretario General de la OMCT
Iniciativa de Copenhague para
América Central y México
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