Re: Continuas amenazas contra defensores de los derechos de las comunidades autóctonas y del derecho al medio ambiente
Su Excelencia,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su muy seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal de los defensores de comunidades autóctonas y del derecho al medio ambiente y frente a una oleada de amenazas y ataques ocurrida contra ellos durante los últimos meses en Guatemala.
El 6 de julio de 2010, la Sra. Miroslava García, abogada y notaria del Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), organización que trabaja para el fortalecimiento de la gestión ambiental, la participación ciudadana y el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas relativos al medio ambiente, se percató de que dos individuos que iban en moto, uno de los cuales llevaba una lágrima tatuada en el ojo derecho y un arete en el izquierdo, la miraban de forma intimidatoria cuando se dirigía desde la oficina de CALAS hasta donde se encontraba estacionado su carro. Al arrancar su vehículo se dio cuenta de que los individuos estaban parqueados observando las oficinas de la organización. El 23 de junio de 2010 alrededor de las 5.40 pm, la Sra. Lidia Vàsquez, Coordinadora del área de administración de CALAS, recibió una llamada en las oficinas de la organización en la que el interlocutor le informó que se encontraba cerca de la oficina y que los tenía controlados. Seguidamente se identificó como miembro de la “mara Salvatrucha” y exigió Q.10.000 de contribución. 15 minutos más tarde, el Sr. Yuri Melini, Director de CALAS, respondió a una nueva llamada en la que nuevamente el interlocutor se identificó como miembro de la “mara Salvatrucha”, le solicitó la misma cantidad de dinero, les recordó las cabezas aparecidas en Tikal Futura - en referencia a los hechos sucedidos tras la renuncia del Sr. Carlos Castresana como Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuando aparecieron tres cabezas en lugares públicos en la ciudad de Guatemala -, les dijo que se alinearan y les informó de que tenía contactos con la Policía Nacional Civil (PCN) y que el Gobierno no tenía capacidad de perseguirlos. Además, amenazó con secuestrar a su hijo. Si bien, el Sr. Melini no tiene hijos el Sr. Rafael Maldonado, el trabajador de CALAS que permanece normalmente en la oficina en ese horario si tiene uno. Según el piloto y guardia de seguridad del Sr. Melini en días previos había notado un vehículo negro con vidrios polarizados donde se transportaban tres jóvenes con tatuajes, característica de los miembros de las maras. El 24 de junio de 2010, el Sr. Melini realizó una llamada a la oficina de CALAS, sin embargo, la llamada fue respondida por la empresa Montana de Goldcorp, quien explota la mina Marlin en San Miguel de Ixtahuacan, San Marcos, lo que podría significar una posible interceptación telefónica.
En los últimos meses, CALAS se ha concentrado en la denuncia de la acción de varios proyectos, entre ellos el de la mina Marlin en San Marcos y el proyecto petrolero de la empresa PERENCO en el Petén, así como en la sistematización de las amenazas recibidas por defensores del medio ambiente y en una propuesta de nueva Ley sobre Mineras y Extractivas.
Por otra parte, el 7 de julio de 2010 a las 07.00 pm, la Sra. Deodora Antonia Hernández Cinto, miembro de la Asociación para el Desarrollo de San Miguel Ixtahuacan, San Marcos (ADISMI), fue baleada por dos desconocidos en el caserío San José Nueva Esperanza, aldea Agel. Tras los disparos, los dos desconocidos huyeron en dirección a la aldea de San José de Ixcaniche atravesando el terreno de la empresa minera. Algunos vecinos retuvieron temporalmente a dos hombres que iban en un coche y que afirmaron estar esperando a los trabajadores de la mina que salían del turno de noche. Dos miembros de la PCN llegaron al lugar de los hechos pero ni preguntaron los nombres a los individuos, ni registraron el vehículo ni iniciaron investigación alguna. Nadie resultó detenido.
ADISMI ha asumido la defensa del territorio de las comunidades en contra de la actividad minera de la empresa Montana de Goldcorp en el municipio de San Marcos documentando la afectación de la actividad minera en la salud, la infraestructura y la contaminación de las aguas con el mercurio utilizado en el proceso de extracción de oro. Tras la visita del Sr. James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, que tuvo lugar entre el 13 y el 18 de junio, se han dado varios actos de hostigamiento contra miembros de las comunidades y miembros de ADISMI. El 5 de julio de 2010 se reportó que un carro de la empresa intentó atropellar a dos niñas de la comunidad.
Según la misma información, el 2 de julio de 2010 aproximadamente a las 4.30 pm, una camioneta también intentó atropellar al Sr. Juan Méndez, miembro de ADISMI. La Sra. Carmen Mejía, miembro de la Junta Directiva de ADISMI recibió varios mensajes de texto amenazantes también tras la visita del Relator, hechos que ha denunciado a la instancia correspondiente. Estas amenazas se suceden a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara el 20 de mayo de 2010 medidas cautelares, incluyendo el cierre temporal de las operaciones de la minera, a 18 comunidades cercanas a la mina Marlin, en el municipio de San Marcos y fijara un plazo de 20 días para su cumplimiento que su Excelencia se ha comprometido a atender.
Señor Presidente, el Observatorio le expresa, una vez más, su honda preocupación frente a la grave situación en la que desarrollan su trabajo los defensores de las comunidades indígenas y de los derechos ambientales en Guatemala ya que los hechos anteriormente mencionados se inscriben en un clima persistente de ataques e incidentes violentos que han tenido lugar en contra de los defensores de derechos humanos en Guatemala durante los últimos meses. Al respecto, el Observatorio recuerda que el 5 de junio de 2010 fueron amenazados y atacados los Sres. Alberto Diaz Zet y Cornelio Subuyuj Camey, Presidente y Vicepresidente de la Coordinadora Comunitaria de Desarrollo (COCODE), el Sr. Juan Marcelo Coztojay Tubac, miembro de COCODE, el Sr. Lázaro Raxon Cotzojay, Coordinador del Consejo Pastoral de la Iglesia, y el Sr. Gregorio Cotzajay Tubac, Alcalde auxiliar, y todos ellos líderes comunitarios opuestos al proyecto de instalación de una planta de cementos por la empresa Progreso S.A en el municipio de San Juan de Sacatepéquez. Asimismo, el Observatorio coincide con las observaciones preliminares de la visita del Sr. Anaya, quien viajó tanto San Marcos como San Juan de Sacatepéquez, durante la que identificó “un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades de las empresas en territorios tradicionales de los pueblos indígenas”.
Su Excelencia, este clima de conflictividad en el marco de actividades extractivas descrito por el Sr. Anaya pone en peligro a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas así como a los defensores del medio ambiente, que como ilustran los casos mencionados, se convierten en blanco de amenazas, hostigamiento- incluso judicial- y en el peor de los casos de asesinatos. En consecuencia, el Observatorio le pide condenar públicamente y personalmente estas amenazas reconociendo la labor trascendental llevada a cabo por los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y por todos los defensores de derechos humanos en general. Además, el Observatorio insiste en el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”, de acuerdo con el Artículo 12.2. de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.
Asimismo, el Observatorio llama a que se tomen las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todos los defensores de derechos humanos en Guatemala, así como a realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley, y a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en Guatemala.
Señor Presidente, confiando en su compromiso con los derechos humanos, agradeciendo su atención a la presente y esperando que se adopten de inmediato las medidas más oportunas respecto a estos graves hechos, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,
Souhayr BELHASSEN,
Presidenta de la FIDH
Eric SOTTAS,
Secretario General de la OMCT