Su Excelencia,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), desea expresar su muy seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal del Juez José Eduardo Cojulún, implicado desde el mes de mayo en recibir testimonios de víctimas y peritos correspondiendo a una comisión rogatoria solicitada por el Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional Española[1].
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 12 de junio de 2008, las dos escoltas del Juez Cojulún le fueron quitadas, oficialmente porqué tenían que tomar "vacaciones", y no llegaron substitutos. El mismo día, el Sr. Cojulún llamó a la Policía Nacional Civil (PNC), que le informó que ningún guardia y vehículo civil estaba de momento disponible.
El 20 de mayo de 2008 el Juez Eduardo Cojulún señaló públicamente que había recibido amenazas telefónicas durante el fin de semana anterior, donde los autores le instaban a parar las diligencias para España. El Juez Eduardo Cojulún informó también que había interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, adjuntando los testimonios para que se investigara a las personas e instituciones que han sido señaladas por las víctimas del conflicto ya que las amenazas podrían venir de las personas señaladas como victimarios durante el conflicto.
El Observatorio se muestra muy preocupado por la seguridad y la integridad del Juez Cojulún, e insiste en la necesidad de que una protección civil y un vehículo le sean garantidos lo más rápidamente posible, de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (art.12.2).
Señor Presidente, confiando en su compromiso con los derechos humanos, agradeciendo su atención a la presente y esperando que se adopten de inmediato las medidas más oportunas respecto a estos graves hechos, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,
Souhayr BELHASSEN
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Secretario General de la OMCT
[1] El 16 de enero de 2008, un auto fue emitido por la Audiencia Nacional española en el cual decidió seguir con su investigación sobre los crímenes de genocidio, torturas, asesinatos y detenciones ilegales contra civiles en Guatemala, miembros de la etnia maya en su mayoría. Esta decisión intervenió tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, notificado el 14 de diciembre 2007, en el cual esta última rechazó la extradición a España de los Sres. Angel Anibal Guevara Rodríguez, ex Ministro de la Defensa, y Pedro García Arredondo, antiguo Comandante de la policía.