El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala.
Nuevas informaciones:
Según las informaciones recibidas, el 27 de mayo del 2014 el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Penal, celebró una audiencia de primera declaración dentro de la causa 01079-2014-00050 en contra de los Sres. Jacinto Pineda Catalán, Fernando Castro Carrillo, Eusebio Muralles Díaz y Gregorio de Jesús Catalán Morales así como de la Sra. Telma Yolanda Oquelí del Cid, también defensora de derechos al medio ambiente y a los recursos naturales, frente a las actividades mineras en “La Puya”, a los que se acusa de los delitos de “detención ilegal”, “coacción”, “amenazas” y “lesiones” contra los Sres. Oscar Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Hery Arodi Gálvez Rivera, ex trabajadores de la minera EXMIGUA.
Según declara el Ministerio Público, el 3 de mayo de 2012, a las 17:40 horas, los acusados, junto a los Sres. Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes, también defensores de derechos al medio ambiente y a los recursos naturales frente a las actividades mineras en “La Puya” condenados el pasado abril por los mismos delitos (ver Antecedentes), retuvieron en el Cementerio del Municipio de San José Del Golfo, a los tres ex trabajadores de la mina, y los amenazaron para que renunciaran a su trabajo en la Mina. Según la versión de los hechos adoptada por el Ministerio Publico, agredieron físicamente a uno de los detenidos con un machete e insultaron e intimidaron a los otros dos. Sin embargo, la versión de los acusados defiende que ellos solo abordaron a las supuestas víctimas para conversar y hacerles entender de las consecuencias medioambientales de las minas y el trabajo que llevaban a cabo en ellas. También afirman que en ningún momento los agredieron físicamente y que la herida que muestra una de las supuestas víctimas fue causada accidentalmente con el machete que ésta llevaba.
Según las mismas informaciones recibidas, los abogados defensores de los Sres. Jacinto Pineda Catalán, Fernando Castro Carrillo, Eusebio Muralles Díaz y Gregorio de Jesús Catalán Morales argumentaron que se violaba el principio de la legalidad y la Constitución de la República con la imputación ya que el Ministerio Público no había individualizado la participación de cada uno de los imputados en los hechos. En contestación, el Juez Licenciado Adrián Rolando Rodríguez Arana estableció que los requerimientos de individualización solo son aplicables si la única mujer acusada, la Sra. Yolanda Oquelí fuera señalada como la autora de las agresiones, ya que en su parecer, una mujer no puede blandir un machete y no puede amenazar, porque lo que las mujeres hacen es “regañar”.
Sin embargo, dicha argumentación sirvió para decretar la falta de mérito en la imputación contra la Sra. Yolanda Oquelí y se ordenó su puesta en libertad tras la desestimación de los cargos presentados contra ella.
En el momento de publicar este llamado, los Sres. Jacinto Pineda Catalán, Fernando Castro Carrillo, Eusebio Muralles Díaz y Gregorio de Jesús Catalán Morales se encuentran bajo arresto domiciliario y deben presentarse una vez por mes al Juzgado de Pay de San José Del Golfo mientras transcurra el proceso penal.
El Observatorio condena de nuevo la falta de investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos, así como el hostigamiento judicial contra los Sres. Jacinto Pineda Catalán, Fernando Castro Carrillo, Eusebio Muralles Díaz, Gregorio de Jesús Catalán Morales, Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes, ya que considera que éstos también han sido motivados por sus actividades de defensa de los derechos ambientales y de los recursos naturales.
Antecedentes:
El pasado 30 de abril de 2014, los Sres. Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes fueron declarados culpables por participar en los mismos hechos anteriormente relatados, mediante sentencia condenatoria, por los cargos de “detención ilegal”, “coacción” y “amenazas”, por el Juzgado Octavo Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, imponiéndoles un total de nueve años de prisión, conmutables a razón de Q10.00 diarios, permitiendo que así que los mismos no vayan a prisión. Los tres sentenciados siguen en libertado y han interpuesto un recurso legal contra dicha sentencia. En el momento de emitir el presente llamado el recurso sigue pendiente.
Dicha sentencia vulnera los principios del debido proceso, pues no contiene suficientes argumentos para demostrar la culpabilidad de los condenados a causa de la falta de investigaciones exhaustivas en torno a los hechos alegados, además de la existencia de claras e reiteradas incongruencias e inconsistencias de los testimonios. Asimismo, el Juez, a lo largo del proceso, realizó algunas acotaciones impropias de la imparcialidad inherente a su mandato, así como por ejemplo, opinó que el mal trabajo realizado por el Ministerio Público, el cual ni siquiera logró probar que las supuestas víctimas fueran trabajadores de la empresa minera, se debía a “influencias, dentro del Ministerio Público para beneficiar a los sindicados”. Además, reiteró en varias ocasiones que pese a que las pruebas nos eran suficientes, en su opinión, se tenían como probados lo hechos y la responsabilidad de los inculpados.
Los hechos relatados se sitúan en un contexto de constantes hostigamientos y agresiones en contra de movimientos de protesta pacíficos en contra de las actividades de explotación mineras. Desde 2010, los habitantes de San José́ del Golfo y San Pedro Ayampuc vienen organizándose en defensa de los derechos ambientales y de los recursos naturales en su territorio y en particular en relación al proyecto minero “El Tambor” Progreso VII Derivada, el cual se sitúa en La Puya.
Si bien, se ha mantenido un proceso de diálogo en el que ha participado el sistema nacional de diálogo, éste último ha venido abogando por la renuncia de la comunidad a la defensa de su derecho al acceso de la información imparcial y al derecho a la consulta.
Los últimos incidentes en el marco de esta lucha en contra la explotación minera en la Puya, sucedió durante la madrugada del pasado 23 de mayo de 2014. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la zona para proteger la nueva maquinaria de excavación que debía llegar para la empresa minera. La comunidad de la resistencia pacífica se concentro en protesta de las actividades mineras, y mientras las delegaciones de la Procuraduría de Derechos Humano, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras ONG intentaron dialogar con el gobierno y el grupo de PNC para evitar la acción violenta. Sin embargo, sobre las dos de la tarde de ese mismo día, un pelotón de antimotines avanzó hasta el punto donde la comunidad en resistencia se concentraba, de forma pacífica y los desalojaron de forma violenta.
Según las informaciones recibidas, como resultado de dicha actuación policial se hospitalizaron en el Hospital general San Juan de Dios a ocho personas con lesiones de diversas naturalezas y, en algunos casos, por intoxicación causada por la ingesta de gas lacrimógeno; y quince personas necesitaron de asistencia médica ambulatoria en centros de saludo o ambulancias.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Guatemala instándolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval, Jorge Adalberto López Reyes, Jacinto Pineda Catalán, Fernando Castro Carrillo, Eusebio Muralles Díaz y Gregorio de Jesús Catalán Morales, de la Sra. Telma Yolanda Oquelí del Cid y de todos los defensores de derechos humanos en Guatemala;
ii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial en contra de los Sres. Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes, Jacinto Pineda Catalán, Fernando Castro Carrillo, Eusebio Muralles Díaz y Gregorio de Jesús Catalán Morales, de la Sra. Telma Yolanda Oquelí del Cid así como de todos los individuos y organizaciones que defienden los derechos ambientales y de los recursos naturales en la zona de la Puya y otros territorios en Guatemala;
iii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos alegados, y garantizar el derecho a un debido proceso que respete todas las garantías procesales, incluyendo la imparcialidad de los jueces;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
– Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”;
– Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Guatemala.
Direcciones:
· Licenciado Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala, Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, Fax: +502.221.44.23; + 502.238.35.79
· Lic. José Arturo Sierra González, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, E-mail: carresis@oj.gob.gt ; FAX: + 502.232.66.26
· Lic. Héctor Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación, 6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3, Ciudad de Guatemala, Fax:+502.362.02.39 / +502.362.02.37 E-mail: gobernacion@mingob.gob.gt
· Sr. Comisario General Gerson Oliva, Director General de la Policía Nacional Civil, 10a. Calle 13-92 zona 1, Ciudad de Guatemala - Guatemala. Fax: + 502.2251.9382
· Don Jorge Eduardo De León Duque, Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), 12 Avenida 12-72, zona 1, Ciudad de Guatemala, Fax:+ 502.238.17.34 E-mail: gmasariegos@pdh.org.gt
· Lic. Antonio Arenales Forno, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt ; 2a Avenida 10-50 Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119
· Lic. Thelma Esperanza Aldana Hernández, Fiscal General de la República, Jefa del Ministerio Público, 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona, 8o nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124/ + 502.2411 93 26
· Embajador Luis Fernando Carrera Castro, Ministro de Relaciones Exteriores, 2ª Avenida 4-17, zona 10, 01010, Ciudad de Guatemala. E-mail: webmaster@minex.gob.gt
· Sr. Embajador Francisco Villagrán de León, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin de Sous-Bois 21, 1202 Ginebra. FAX: + 41.22.733.14.29. E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int ; onusuiza@minex.gob.gt.
· Embajada de Guatemala en Bruselas, 185 avenue Winston Churchill, 1180 Uccle, Bélgica. Fax: + 32 2 344 64 99. Correo-E: embaguate.belgica@skynet.be
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.
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Ginebra-París, 3 de junio de 2014.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está destinado a la protección de los defensores de derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.