Tras la decisión, el 23 de julio, de la Corte de Constitucionalidad de rechazar los recursos presentados por el Frente Republicano Guatemalteco -FRG- en contra de la declaración de la Corte Suprema Justicia, entidad que resolvió con lugar el amparo provisional presentado por dos organizaciones políticas para detener la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia y quien actualmente funge como Presidente del Congreso, éste en tono amenazante dijo: "va a haber momentos en que probablemente se salgan del control [...] algunas acciones de simpatizantes"
El 24 de julio en la mañana, 3,000 campesinos y trabajadores armados con palos y garrotes, traídos a la ciudad en buses y dirigidos por encapuchados vinculados al FRG, trataron mediante el uso de la fuerza de intimidar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Agredieron a los periodistas, mantuvieron cautivos a más de 900 trabajadores, amenazaron con destruir las instalaciones de las empresas, medios de comunicación y aterrorizaron a los ciudadanos en general.
Frente a esa situación de desorden público y de violencia, las autoridades de la Policía Nacional Civil y militares fueron sorprendentemente lentas en reaccionar.
La FIDH condena los ataques ocurridos el pasado 24 de julio contra la justicia, la prensa y los defensores de los derechos humanos; pilares de la democracia.
La FIDH le urge al partido FRG y a José Efraín Ríos Montt que respeten las instituciones democráticas, particularmente las decisiones de las entidades encargadas de impartir justicia y las reglas constitucionales del proceso electoral.
La FIDH destaca que la razón por la cual José Efraín Ríos Montt no puede ser candidato a la presidencia es debido a que dirigió la dictadura de la junta Militar entre 1982 y 1983 y el Articulo 186 de la Constitución de 1985 prevé que no podrá ser candidato a la presidencia el que haya ejercido el poder durante una dictadura.
La FIDH recuerda que durante el periodo de la Junta Militar, dirigida por José Efraín Ríos Montt (1981-1982), se produjeron en Guatemala gravísimas violaciones de derechos humanos. Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), apoyado por Naciones Unidas y el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala, (REHMI) durante este período se produjeron alrededor de 100.000 muertes por año. El general Ríos Montt se encuentra actualmente procesado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de España por casos de tortura contra ciudadanos españoles. En Guatemala, debería iniciarse un proceso contra el general Ríos Montt por su posible responsabilidad en estos hechos, que por su propia naturaleza no son ni amnistiables, ni indultables, ni prescriptibles.
Con respeto a los hechos de violencia ocurridos el pasado 24 de julio, la FIDH le pide al Ministerio Público que tome las medidas necesarias a fin de procesar los autores intelectuales y materiales de esos actos.
La FIDH exhorta el gobierno de Guatemala que en este período preelectoral, particularmente importante para la democracia en Guatemala, cumpla con garantizar el orden público para los ciudadanos en general y la seguridad y la independencia de los magistrados quienes deben nuevamente pronunciarse sobre la candidatura presidencial de Ríos Montt.
La FIDH considera que la impunidad frente a los crímenes atroces del pasado combinado con un proceso de paz que no ha sido llevado hasta su término son la causa principal del clima actual de terror y de los graves riesgos para el proceso electoral como para la misma democracia.