CONSIDERANDO
Que el Estado de Guatemala ha ratificado diversos tratados, convenciones y protocolos internacionales sobre derechos humanos, los cuales son compromisos ineludibles y obligatorios para garantizar el ejercicio ciudadano de la sociedad guatemalteca
La transición a la democracia real, funcional y participativa como un proceso al cual las fuerzas armadas, políticas y económicas de Guatemala deben de contribuir para erradicar el fenómeno de la impunidad, que impide la institucionalidad de la paz.
Que la sociedad guatemalteca vive un clima de violencia e indefensión generalizada, la cual tiene sus orígenes en las carencias y deficiencias estructurales de la Administración de Justicia, así como, de la falta de políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana que se ve agravada con el incremento de la delincuencia común y el crimen organizado, este último vinculado a altos funcionarios y autoridades públicas, que ha afectado seriamente la labor de promoción y defensa de las organizaciones de derechos humanos y por consiguiente a mantenido condiciones para la intimidación, hostigamiento, amenazas de muerte y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.
La gestión y administración pública desarrollada a partir de 1996 ha sido contraria al impulso de los Acuerdos de Paz, más bien, esta ha propiciado mayores niveles de exclusión y discriminación, aunado al fenómeno de la corrupción, que hoy en día golpea con más fuerza a los grupos más empobrecidos del país, negándoles la oportunidad de un cambio real.
Que la reactivación y revitalización de los grupos paramilitares (ex-Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-), así como la incorporación de militares en la mayoría de los partidos políticos y del nombramiento de líderes comunitarios a cargos públicos a nivel municipal, departamental y nacional que tienen estrecha vinculación con la contrainsurgencia presagia mayores niveles de intolerancia hacia el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos por la construcción de una cultura de respeto y observancia de los derechos humanos integrales.
RESUELVE
1. Demandar del Estado de Guatemala, la implementación de los Acuerdos de Paz, en su espíritu y contenido, para reconstruir el tejido social fracturado por 36 años de conflicto armado interno y potenciar nuevas formas de relación Estado-Sociedad.
2. Exigir al Estado de Guatemala la voluntad política y la colaboración necesaria con la ONU para el establecimiento e instalación inmediata de la -CICIACS- para que de manera urgente inicie funciones en la investigación y procesamiento para el desmantelamiento de los cuerpos clandestinos y aparatos ilegales de seguridad, enquistados en distintos niveles del aparato estatal y en sectores de la sociedad guatemalteca.
3. Demandar del Ministerio Público, la investigación de las 30,000 denuncias interpuestas por organizaciones de derechos humanos para la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas.
4. Exhortar al Estado de Guatemala ha impulsar políticas nacionales interculturales, como están descritas en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que propicien un desarrollo integral sustentado en la solidaridad, respeto, equidad y justicia social.