Petición para el enjuiciamiento de los responsables del genocidio en Guatemala

26/02/2007
Comunicado
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Iniciativa de:
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Pena de Muerte - ACAT, Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras - AVSF, Amnistía Internacional - AI, Colectivo Guatemala, Comité Católico contra el Hambre para el Desarrollo - CCFD, Federación Internacional para los Derechos Humanos - FIDH, Caritas France -

Los hechos:

El 29 de diciembre de 1996 fueron firmados los Acuerdos de Paz en Guatemala, poniendo fin a un conflicto interno extremadamente violento que duró 36 años. La Comisión del Esclarecimiento Histórico de la Naciones Unidas evaluó en 1997, después de una larga investigación, que 200 000 guatemaltecos fueron asesinados, de los cuales 45 000 están todavía desaparecidos; 1 millón de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado; 660 masacres fueron documentadas y 400 aldeas fueron completamente destruidas.

Estas violaciones masivas fueron cometidas principalmente contra la población indígena maya (83%). Los regimenes militares en el poder fueron responsables de 91% de las mismas. La mayoría de los crímenes fueron cometidos entre 1978 y 1985, periodo durante el cual se sucedieron los gobiernos de Romeo Lucas García (1978-82), Efraín Ríos Montt (1982-83), y Mejía Víctores (1983-85).

Durante este periodo, la Comisión concluye que se cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio y recomienda el enjuiciamiento de los responsables intelectuales de estas políticas.

Desde 1999, muchas denuncias fueron puestas ante las autoridades guatemaltecas, en España y frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Después de muchos años de impunidad para los verdugos, de ataques y hostigamiento hacia los denunciantes en Guatemala, las autoridades judiciales españolas lanzaron en julio pasado varios mandatos internacionales de arresto, y transmitieron a las autoridades judiciales guatemaltecas solicitudes de extradición contra siete personas que ejercían las funciones más altas en la cadena de mando para que sea juzgadas en España por genocidio, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

El General Ríos Montt, uno de los principales imputados, goza actualmente de potentes apoyos políticos y militares en Guatemala, razón por la cual nunca ha sido molestado: se postuló oficialmente como diputado para las próximas elecciones generales. La entrega de candidaturas estará abierta a partir del 3de mayo próximo, y el Tribunal Supremo Electoral deberá validarlas en el curso del verano. A partir de esta fecha, beneficiará de 4 años de impunidad parlamentaria: si los casos, en Guatemala o en España, no conocen mayores avances, existe el riesgo de que nunca sea procesado, ni en España, ni en Guatemala, y los millones de víctimas nunca recibirían la reparación moral que exigen desde hace tantos años.

Los próximos meses, entonces, serán decisivos para el enjuiciamiento de los responsables del genocidio cometido en Guatemala. La movilización internacional sobre este tema ya permitió la apertura de los casos en España.

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Señor Presidente,

En conformidad con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los Acuerdos de Paz y los tratados internacionales ratificados por Guatemala en relación a la imprescriptibilidad del delito de genocidio, el Estado guatemalteco tiene la obligación de hacer todo lo que está en su poder para que sean juzgados, sobre su propio territorio o en el extranjero, los presuntos responsables intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio cometidos en su país entre 1978 y 1985. La realidad de estos crímenes fue confirmada por la CEH, el REMHI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena en el caso de la masacre de Plan de Sánchez, cuya responsabilidad fue aceptada, por la primera vez, por su gobierno.

En junio de 2001, integrantes de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), que agrupa a sobrevivientes de 23 masacres cometidas entre 1978 y 1983, interpusieron una denuncia contra los altos mandos de los gobiernos militares del general Romeo Lucas García (1978-1982) y del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Desde esta fecha, estas denuncias, a pesar de estar suficientemente sustentadas, nunca resultaron, el sistema de justicia sufriendo de la falta de recursos y de las presiones políticas del gobierno anterior.

Bajo su gobierno, y a pesar de la presencia en su seno de Frank LaRue, antiguo director de CALDH, asesor legal de la AJR, y de Rigoberta Menchú, querellante adhesiva en una denuncia similar presentada en España, constatamos que estos casos no han beneficiado de una instrucción eficaz. En lugar de la justicia, las víctimas se han topado con una pared de impunidad, cuando no objeto de múltiples amenazas y violaciones a sus derechos humanos.

El 6 de octubre 2005, la justicia española se declaró competente para conocer los crímenes universales cometidos por los altos responsables de los gobiernos de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores. El 19 de junio de 2006, una comisión rogatoria dirigida por el juez Pedraz fue recibida en Guatemala. Mandatos internacionales de aprehensión fueron emitidos contra Ángel Aníbal Guevara, Germán Chupina, Humberto Mejía Víctores, Pedro García Arredondo, Donaldo Álvarez, Benedicto Lucas García y Efraín Ríos Montt. La justicia española también solicitó a las autoridades guatemaltecas correspondientes la extradición en de las mismas personas.

Desde aquél entonces, la instrucción de estos expedientes ha sido obstaculizada por recursos dilatorios formulados por la defensa de los imputados. Los mismos ya habían impedido que la comisión rogatoria pueda entrevistar a los imputados y a las partes acusadoras en junio pasado. A la fecha, diferentes recursos entrampan los procesos. La estrategia de la defensa parece estar encaminada a ganar tiempo hasta que sean recibidas las candidaturas para las próximas elecciones generales, lo que garantizaría la inmunidad de algunos imputados.

Asimismo, la muy probable candidatura de Efraín Ríos Montt, el principal imputado, al Congreso de la República, hace temer al conjunto de las víctimas del conflicto armado y a los ciudadanos preocupados por los derechos humanos en el mundo, una inmunidad de varios meses o de varios años en casos de elección. Dicha inmunidad haría extremadamente difícil cualquier reparación moral para los millones de víctimas de la política de tierra arrasada, dejando abiertas las heridas dejadas por el conflicto armado en la sociedad guatemalteca y condenaría Guatemala a la perpetuación de la impunidad.

Por todas estas razones, nosotros, ciudadanos y organizaciones solidarias con el pueblo de Guatemala, le pedimos insistentemente que haga todo en su poder para que Efraín Ríos Montt y los demás imputados sean arrestados y juzgados en Guatemala o extraditados a España a la brevedad, es decir antes de la convocatoria a elecciones generales en Guatemala, lo que garantizaría impunidad a los inculpados que presenten su candidatura.

Por estos actos, Guatemala entraría en una nueva era histórica: el camino hacia la justicia y de la reconciliación de un pueblo con su historia.

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