La FIDH rechaza la decisión de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala que contribuye a consolidar la impunidad

19/12/2007
Comunicado

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) deplora y repudia la decisión de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala notificada el 14 de diciembre 2007 en la cual rechazó la extradición a España de Angel Anibal Guevara Rodríguez, ex ministro de la defensa, y Pedro García Arredondo, antiguo comandante de la policía.

La FIDH recuerda que frente a la inacción del sistema judicial guatemalteco, en 2005, el Tribunal Constitucional español declaró la Audiencia Nacional española competente para juzgar por genocidio, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a siete altos mandos guatemaltecos. El Tribunal, en esta decisión reiteró que el principio de jurisdicción universal se basa exclusivamente sobre las características propias de los crímenes de lesa humanidad y del genocidio que, por su naturaleza, afectan no solamente a las víctimas de los crímenes pero también a la comunidad internacional en su conjunto. Este principio juega solamente cuando existen « indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo » en el país donde fueron cometidos. El Tribunal Constitucional consideró que esto se « desprendía de la documentación aportada » sobre Guatemala.

Sobre esta base, España emitió en 2006 una orden de detención internacional y pidió al gobierno guatemalteco la extradición de las siete personas (entre las cuales está el general Efraín Rios Montt que fue jefe de Estado en 1982-1983, y también presidente del Congreso en 2000) enjuiciadas por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. En respuesta, los tribunales guatemaltecos acordaron esta extradición y, entre otros, los Sres Guevara Rodríguez y García Arredondo fueron detenidos provisionalmente. Sin embargo, estos últimos impugnaron la decisión de extradición y, el pasado 14 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala les dio una respuesta favorable. [1]

La FIDH rechaza esta decisión que constituye un retroceso en materia de justicia y recuerda que Guatemala fue el teatro del más grande genocidio de toda América Latina en el siglo XX y de otros crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes se han mantenido en completa impunidad ya que, hasta la fecha, todos los casos presentados ante los tribunales nacionales han sido rechazados o no han prosperado. La FIDH deplora que la Corte de Constitucionalidad no tome en cuenta la flagrante denegación de justicia que existe en Guatemala y niega la existencia del principio de jurisdicción universal.

La FIDH llama a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema y a la Corte de Constitucionalidad a que reconozcan el principio de aut dedere aut judicare y en consecuencia faciliten que se investigue y juzgue a los responsables del genocidio contra comunidades indígenas en Guatemala y otros crímenes contra la humanidad o los extraditen para que sean juzgados en España.

La FIDH recuerda que todos los estados tienen la obligación de colaborar para ponerle fin a la impunidad de crímenes como el genocidio o crímenes de lesa humanidad, deben detener, procesar o extraditar a los comprometidos con tales hechos, deben facilitar que se incaute sus bienes y se repare a las víctimas. Esta ausencia de voluntad del Estado de Guatemala para investigar, juzgar o extraditar a los responsables de tales crímenes debe ser enfrentado con rigor por la comunidad internacional.

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