El Sr. Harris fue acusado de difamación criminal en 1997, tras su
participación en una conferencia de prensa organizada por la
Procuraduría General y Casa Alianza, en la que anunció publicamente
los resultados de una investigación sobre el tráfico de niños, y
acusó a un grupo de abogados de estar involucrados en adopciones
irregulares.
En Guatemala, la difamación es considerada una ofensa criminal que
puede acarrear hasta cinco años de carcel. El Sr. Harris solicitó a
las cortes guatemaltecas que declararan improcedente el juicio penal
en su contra por tratarse de una violación de su derecho a la
libertad de expresión protegido por el artículo 35 de la Constitución
de Guatemala. En 1999, la Corte Constitucional decidió que al no ser
periodista, su actuación no estaba protegida por la Constitución.
En diciembre de 2003, el Tribunal Duodécimo de Sentencia notificó su
decisión de proceder con los cargos contra el Sr. Bruce Harris
trasladando la audiencia para el día de hoy.
La Sra. Mary Robinson, antigua Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la
interpretación restrictiva de la libertad de expresión que viene
siendo aplicada en el caso del Sr. Bruce Harris. El caso se
encuentra pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, por la
violación del derecho a la Libertad de Expresión y Equidad ante la
Ley, ambos protegidos por la Convención Americana de Derechos
Humanos. Al parecer, la Comisión decidirá acerca del caso al
principio de 2004.
Durante los últimos años el Observatorio ha denunciado el deterioro
de la situación de los defensores de derechos humanos en Guatemala.
En un informe de 2002, el Observatorio señaló el incremento de
ataques contra aquellos defensores de derechos humanos que denuncian
casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. La
gravedad de la situación ha sido también atestiguada por Hina Jilani,
Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para los defensores de DDHH durante su visita a Guatemala en mayo del
2002. La Sra. Hina Jilani declaró "que según las informaciones que
había recogido, los defensores de los derechos humanos en Guatemala
eran sometidos a agresiones, vigilancia, desapariciones e incluso
asesinatos."
El Observatorio urge a las autoridades de Guatemala que:
i. garanticen el derecho a la libertad de expresión protegido por
tratados internacionales ratificados por Guatemala.
ii. aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre
los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea
General de la ONU el 9 de
diciembre 1998, en particular en lo referente al derecho de toda
persona "a publicar, impartir o difundir libremente a terceros
opiniones, informaciones y conocimientos
relativos a todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales" (Art. 6.b), así como al derecho de toda persona "a una
protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse,
por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las
omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de
violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales."
(Art. 12.2)