Petición de las ONG a Biden: apoye el acceso universal a la justicia derogando la orden ejecutiva que obstaculiza el trabajo de la CPI

27/01/2021
Carta abierta
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Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Excmo. señor Presidente,

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y las 62 organizaciones miembros, abajo firmantes, y originarias de todas las regiones del mundo, están profundamente comprometidas con el pleno ejercicio de todo individuo de sus derechos humanos fundamentales. Con el objetivo de garantizar el respeto de los mismos, hemos sido firmes defensores de la responsabilidad y rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves, y, al mismo tiempo, hemos defendido a las víctimas de dichos crímenes en su cruzada por la obtención de verdad, justicia y reparación. Durante décadas, hemos apoyado la creación de mecanismos independientes de rendición de cuentas, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), y hemos facilitado el acceso a éstos, trabajando para hacer realidad el mensaje, a menudo aducido pero raramente realizado, de que nadie está por encima de la ley.

Hoy, rogamos a su Administración que demuestre su compromiso con los derechos humanos y con la armonización con el orden jurídico internacional derogando, con efecto inmediato, la Orden Ejecutiva 13928Bloqueo de bienes de ciertas personas asociadas con la Corte Penal Internacional”, aprobada por su antecesor y dirigida a obstaculizar los esfuerzos por la justicia internacional ante la CPI, amenazando así los esfuerzos internacionales en pro de la rendición de cuentas por los crímenes más graves que consternan e indignan a la comunidad internacional en su conjunto. La Orden Ejecutiva (OE), adoptada el 11 de junio de 2020, que permite sancionar a determinadas personas que participan en actividades ante un órgano judicial independiente – la CPI –, y que incluye sanciones civiles y penales contra quienes prestan apoyo a las personas designadas, es un ataque directo contra el Estado de Derecho. Permitir que la OE 13928 siga en vigor sería, en nuestra opinión, un oprobio para Estados Unidos y pondría en duda su histórico compromiso con los derechos humanos, el Estado de Derecho y el orden jurídico internacional.

La CPI constituye el anclaje de la lucha contra la impunidad a nivel internacional, y es una instancia clave para la rendición de cuentas de los presuntos autores de los crímenes internacionales más graves, ante una justicia imparcial, independiente y con garantías de un juicio justo. Desde su creación, nuestra Federación y un gran número de sus organizaciones miembros han recurrido a la CPI como última instancia para la rendición de cuentas, trasladando ante la Corte las voces de miles de víctimas que anhelan reparación. Tras perder duras batallas ante jurisdicciones nacionales reacias o incapaces de impartir justicia, las víctimas han podido acudir a la CPI como último recurso. La Corte – con el poder y la legitimidad que le confieren sus 123 Estados Partes – ha posibilitado hacer justicia frente a dictaduras, situaciones de impunidad arraigada, conflictos y crisis en curso así como en casos de dominación política.

El ataque de la Administración Trump contra la CPI, su trabajo, su personal y la sociedad civil que apoya su misión es uno de los muchos ejemplos de su desprecio por el multilateralismo y por sus obligaciones internacionales de protección y respeto de los derechos humanos fundamentales, incluidos el acceso a la justicia, el resarcimiento y la reparación para las víctimas de los delitos más graves. La agresiva campaña de la Administración Trump contra la CPI se intensificó en el último año a raíz de los acontecimientos que se produjeron en la Corte en relación con las situaciones en Afganistán y Palestina. Dicha campaña constituye un ataque sin precedentes a la labor de la CPI y, en términos más generales, a la lucha contra la impunidad, infundiendo un mensaje que podría alentar a regímenes autoritarios o a autores de crímenes internacionales que buscan evadir la acción de la justicia. Apelamos a repeler este ataque al Estado de Derecho y al sistema de justicia selectiva que refleja.

Mediante la adopción de la OE 13928, que pretendía castigar a la CPI y obstruir su funcionamiento, y la posterior designación de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y del jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Corte, Phakiso Mochochoko, como objetivo de las sanciones impuestas el 2 de septiembre de 2020, la Administración Trump obstaculizó significativamente la labor de la Corte y entorpeció gravemente el trabajo de los defensores de derechos humanos. Las sanciones contra funcionarios clave de la CPI y la consiguiente amenaza de sanciones y penas contra todos aquellos que los "ayudaran materialmente" o los "apoyaran", ha hecho que cualquier interacción con la Fiscalía de la CPI constituya un verdadero desafío, socavando así su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes más atroces. Esta ataque frontal contra la independencia de jueces, fiscales y abogados supone una clara obstrucción a la justicia por parte de la administración Trump y debe ser revertido inmediatamente.

Pese al evidente margen de mejora, la CPI es una institución única y fundamental con el potencial de impartir justicia para miles de víctimas que no pueden optar a ella a nivel nacional. Le instamos, así como a su Administración, a reconocer el papel central de la Corte Penal Internacional en la lucha global contra la impunidad, a derogar la Orden Ejecutiva 13928 contra la CPI y a revocar las sanciones correspondientes. En términos más generales, pedimos a su Administración que adopte y aplique, tanto en su país como en sus relaciones con el extranjero, una política basada en el respeto de los derechos humanos.

Firmado,

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  • Co-firmantes

    • Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH (Global)
    Y
    • Acción Ecológica (Ecuador)
    • Albanian Human Rights Group AHRG (Albania)
    • Al-Haq (Palestina)
    • Al Mezan Center for Human Rights (Palestina)
    • ALTSEAN-Burma (Myanmar)
    • APRODEH – Asociación pro Derechos Humanos (Peru)
    • Armanshahr | OPEN ASIA (Afganistán/ Irán)
    • Association Marocaine des Droits Humains (Marruecos)
    • Association Rwandaise pour la Défense des Droits et de la Personne (Ruanda)
    • Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunisia)
    • Bir Duino (Kirguistán)
    • CAJAR - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia)
    • CCR - Center for Constitutional Rights (Estados Unidos de América)
    • CDHES - Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (ElSalvador)
    • CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo (Perú)
    • CENIDH - Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Nicaragua)
    • Center for Civil Liberties (Ucrania)
    • Centro de Capacitación Social de Panamá (Panamá)
    • CHRI - Commonwealth Human Rights Initiative (India)
    • Citizens’ Watch (Rusia)
    • Civic Committee for Human Rights (Croacia)
    • Civil Society Institute CSI (Armenia)
    • CJA - Center for Justice and Accountability (Estados Unidos de América)
    • CNDH - Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Republica Dominicana)
    • COFADEH - Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Honduras)
    • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Mexico)
    • Damascus Center for Human Rights Studies (Siria)
    • DITSHWANELO - The Botswana Centre for Human Rights (Botsuana)
    • EQUIDAD - El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Peru)
    • Finnish league for human rights (Finlandia)
    • Human Rights Center (Georgia)
    • Human Rights Center "Viasna" (Bielorrusia)
    • Human rights foundation (Turquía)
    • IHD - Insan Haklari Dernegi / Ankara (Turquía)
    • ILSA - Instituto Latinamericano para una sociedad y un derecho alternativos (Colombia)
    • INREDH - Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Ecuador)
    • Internationale liga für menschenrechte (Alemania)
    • Justiça Global (Brasil)
    • Kazakhstan International Bureau for Human Rights (Kazajistán)
    • Rule of Law International Legal Initiative (ILI Foundation) (Kazajistán)
    • Latvian human rights committee (Letonia)
    • Lega italiana dirriti dell’Uoma (Italia)
    • Legal and human rights centre (Tanzania)
    • Legal Clinic Adilet (Kirguistán)
    • Liga voor de rechten van mens (Países Bajos)
    • Ligue des droits de l’homme (Francia)
    • Ligue Djiboutienne des Droits Humains (Yibuti)
    • LIMEDDH AC - Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Mexico)
    • Maldivian Democracy Network (Maldivas)
    • MBDHP - Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples (Burkina Faso)
    • MIDH - Mouvement Ivoirien des droits humains (Costa de Marfil)
    • MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos (Brasil)
    • Mouvement Lao pour les droits de l’homme (Laos)
    • Norwegian Helsinki Committee (Noruega)
    • Odhikar (Bangladesh)
    • Organisation de défense des droits de l’homme et du citoyen de la Guinée (Guinea)
    • PCHR - Palestinian Centre for Human Rights (Palestina)
    • PHROC - Palestinian Human Rights Organisations Council (Líbano)
    • Portuguese league for human rights – Civitas (Portugal)
    • Promo Lex (Moldavia)
    • PROVEA - Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Venezuela)
    • RNDDH - Réseau national de défense des droits humains (Haití)

  • Organismos miembros - Estados Unidos
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