Hoy, rogamos a su Administración que demuestre su compromiso con los derechos humanos y con la armonización con el orden jurídico internacional derogando, con efecto inmediato, la Orden Ejecutiva 13928 “Bloqueo de bienes de ciertas personas asociadas con la Corte Penal Internacional”, aprobada por su antecesor y dirigida a obstaculizar los esfuerzos por la justicia internacional ante la CPI, amenazando así los esfuerzos internacionales en pro de la rendición de cuentas por los crímenes más graves que consternan e indignan a la comunidad internacional en su conjunto. La Orden Ejecutiva (OE), adoptada el 11 de junio de 2020, que permite sancionar a determinadas personas que participan en actividades ante un órgano judicial independiente – la CPI –, y que incluye sanciones civiles y penales contra quienes prestan apoyo a las personas designadas, es un ataque directo contra el Estado de Derecho. Permitir que la OE 13928 siga en vigor sería, en nuestra opinión, un oprobio para Estados Unidos y pondría en duda su histórico compromiso con los derechos humanos, el Estado de Derecho y el orden jurídico internacional.
La CPI constituye el anclaje de la lucha contra la impunidad a nivel internacional, y es una instancia clave para la rendición de cuentas de los presuntos autores de los crímenes internacionales más graves, ante una justicia imparcial, independiente y con garantías de un juicio justo. Desde su creación, nuestra Federación y un gran número de sus organizaciones miembros han recurrido a la CPI como última instancia para la rendición de cuentas, trasladando ante la Corte las voces de miles de víctimas que anhelan reparación. Tras perder duras batallas ante jurisdicciones nacionales reacias o incapaces de impartir justicia, las víctimas han podido acudir a la CPI como último recurso. La Corte – con el poder y la legitimidad que le confieren sus 123 Estados Partes – ha posibilitado hacer justicia frente a dictaduras, situaciones de impunidad arraigada, conflictos y crisis en curso así como en casos de dominación política.
El ataque de la Administración Trump contra la CPI, su trabajo, su personal y la sociedad civil que apoya su misión es uno de los muchos ejemplos de su desprecio por el multilateralismo y por sus obligaciones internacionales de protección y respeto de los derechos humanos fundamentales, incluidos el acceso a la justicia, el resarcimiento y la reparación para las víctimas de los delitos más graves. La agresiva campaña de la Administración Trump contra la CPI se intensificó en el último año a raíz de los acontecimientos que se produjeron en la Corte en relación con las situaciones en Afganistán y Palestina. Dicha campaña constituye un ataque sin precedentes a la labor de la CPI y, en términos más generales, a la lucha contra la impunidad, infundiendo un mensaje que podría alentar a regímenes autoritarios o a autores de crímenes internacionales que buscan evadir la acción de la justicia. Apelamos a repeler este ataque al Estado de Derecho y al sistema de justicia selectiva que refleja.
Mediante la adopción de la OE 13928, que pretendía castigar a la CPI y obstruir su funcionamiento, y la posterior designación de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y del jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Corte, Phakiso Mochochoko, como objetivo de las sanciones impuestas el 2 de septiembre de 2020, la Administración Trump obstaculizó significativamente la labor de la Corte y entorpeció gravemente el trabajo de los defensores de derechos humanos. Las sanciones contra funcionarios clave de la CPI y la consiguiente amenaza de sanciones y penas contra todos aquellos que los "ayudaran materialmente" o los "apoyaran", ha hecho que cualquier interacción con la Fiscalía de la CPI constituya un verdadero desafío, socavando así su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes más atroces. Esta ataque frontal contra la independencia de jueces, fiscales y abogados supone una clara obstrucción a la justicia por parte de la administración Trump y debe ser revertido inmediatamente.
Pese al evidente margen de mejora, la CPI es una institución única y fundamental con el potencial de impartir justicia para miles de víctimas que no pueden optar a ella a nivel nacional. Le instamos, así como a su Administración, a reconocer el papel central de la Corte Penal Internacional en la lucha global contra la impunidad, a derogar la Orden Ejecutiva 13928 contra la CPI y a revocar las sanciones correspondientes. En términos más generales, pedimos a su Administración que adopte y aplique, tanto en su país como en sus relaciones con el extranjero, una política basada en el respeto de los derechos humanos.
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