La Haya, París, 20 de julio de 2026. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) condena enérgicamente el anuncio realizado el 13 de julio por el Gobierno de Estados Unidos de una campaña coordinada de "todo el Gobierno" para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI). Al parecer, las medidas que se están barajando son, entre otras, presionar a los Estados Partes para que se retiren del Estatuto de Roma, ampliar las sanciones contra la Corte y las organizaciones que cooperan con ella y aplicar nuevas sanciones contra el personal de la CPI, constituyen el ataque más grave cometido hasta la fecha contra el único tribunal penal internacional permanente del mundo.
Esta campaña supone un ataque contra las víctimas que pretenden obtener justicia por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Además, se trata de un ataque contra una institución creada por 125 Estados soberanos con el fin de garantizar que los crímenes más graves no permanezcan impunes cuando los sistemas nacionales fallan.
El anuncio del 13 de julio supone la última escalada de una estrategia lanzada en febrero de 2025, cuando el presidente Trump dictó la Orden Ejecutiva 14203, por la que se establecía un régimen de sanciones de amplio alcance dirigido contra la CPI —un régimen que la FIDH y sus organizaciones miembros condenaron desde el primer momento. Irónicamente, la magnitud de esta campaña pone de manifiesto la importancia de la CPI. Ningún gobierno ataca de forma coordinada a las instituciones que carecen de relevancia. Las sanciones sin precedentes impuestas contra miembros de la judicatura, la fiscalía y las organizaciones que apoyan a la Corte demuestran que la justicia internacional importa y que las investigaciones independientes y el trabajo de rendición de cuentas tienen consecuencias reales.
"Los Estados Unidos afirman defender la soberanía mientras la pisotea. 125 Estados soberanos eligieron libremente esta Corte y le confiaron la jurisdicción sobre los crímenes más graves. Exigir inmunidad para las personas de un país no es una defensa de la soberanía, es requerir impunidad", afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH y miembro de la Lista de Abogados de la CPI.
Esta decisión del Gobierno de atacar a las organizaciones de la sociedad civil es igualmente reveladora. No se está sancionando a las organizaciones de derechos humanos y las personas representantes de las víctimas por llevar a cabo una labor simbólica, sino porque ayudan a las víctimas a acceder a la justicia, preservan las pruebas y aportan información a las investigaciones que los actores poderosos preferirían que desaparecieran.
En los últimos 18 meses, las sanciones ya han perturbado los servicios bancarios, reducido la financiación de las organizaciones de derechos humanos y generado un efecto disuasorio que se extiende mucho más allá de las partes a las que se ha nombrado formalmente. Sin embargo, a pesar de todas estas presiones, la CPI ha continuado su trabajo y las organizaciones de la sociedad civil han seguido documentando los crímenes, apoyando a las víctimas y defendiendo el Estado de derecho. Esta resiliencia demuestra que la justicia internacional es más fuerte que cualquier intento de silenciarla.
Es posible que los Estados Unidos intenten debilitar a la Corte, pero no pueden desmantelar una institución sostenida por el compromiso colectivo de sus Estados Partes, a menos que dichos Estados renuncien a sus propios principios. Por lo tanto, este momento no supone únicamente un reto, sino que es ofrece también la oportunidad de que los gobiernos reafirmen, más allá de las palabras, que la justicia no es opcional y que nadie está por encima de la ley.
La FIDH insta a los 125 Estados Partes a responder de forma colectiva:
– rechazar cualquier presión para retirarse del Estatuto de Roma o debilitar el apoyo a la CPI;
– reforzar su apoyo político y financiero a la Corte;
– proteger al personal de la CPI, a las víctimas, testigos y organizaciones de la sociedad civil frente a sanciones y represalias;
– adoptar salvaguardias jurídicas y financieras eficaces contra los efectos extraterritoriales de las sanciones de EE.UU., incluidas las medidas de bloqueo;
– colaborar a través de la Asamblea de los Estados Partes, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales para defender la independencia de la justicia internacional.
"Si los gobiernos consideran que merece la pena sancionar a la CPI y a quienes la apoyan, están reconociendo algo fundamental: la rendición de cuentas importa. La respuesta no puede ser la retirada, sino que debe consistir en reforzar las instituciones en las que confían las víctimas. Los Estados crearon la CPI juntos y ahora tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de defenderla juntos", afirmó Drissa Traore, secretario general de la FIDH.
La FIDH continuará prestando su apoyo a las víctimas, a la CPI y a las personas defensoras de los derechos humanos que hacen que la justicia internacional sea posible. La campaña contra la CPI no debe convertirse en la historia del declive de la justicia internacional, sino que debe convertirse en un momento en que los Estados reafirmen que la rendición de cuentas por los crímenes más graves no es negociable.