“Seamos perfectamente claros: las personas refugiadas no son terroristas, son las primeras víctimas del terror”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres en 2007, en calidad de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sin embargo, diez años después, el 27 de enero de 2017, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Proteger la nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos” (EN), que suspende por tiempo indefinido la entrada a los Estados Unidos de todos los refugiados siros y bloquea durante noventa días la entrada de ciudadanas y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
En su primera semana al frente del Gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump ha amenazado con atentar contra los derechos humanos básicos, al abrir la posibilidad de torturar, establecer nuevos “agujeros negros” de detención arbitraria e imponer un amplio “veto a las personas musulmanas”. Ha firmado órdenes ejecutivas para la construcción de un muro fronterizo con México con objeto de impedir la entrada de inmigrantes ilegales, ha aprobado la construcción del oleoducto Keystone XL que amenaza con destruir tierras indígenas, ha congelado la financiación de grupos de ayuda humanitaria en el exterior que asesoran a las pacientes en materia de aborto y suspende la inmigración procedente de lo que él denomina “regiones del mundo propensas al terrorismo”. Estas rápidas y agresivas órdenes ejecutivas son una señal de que se preparan más políticas más discriminatorias que pueden vulnerar las libertades fundamentales, las libertades civiles y los derechos humanos.
“El presidente de los EE.UU. no está ‘protegiendo a la nación’ como afirma en sus órdenes ejecutivas. Por el contrario, está sumiendo al país en una profunda crisis a la que arrastra al resto del mundo. En estos momentos especialmente difíciles, el derecho internacional y los derechos humanos deben continuar siendo nuestra guía para seguir adelante. La FIDH y sus organizaciones miembros en más de 120 países se solidarizan con la ciudadanía estadounidense y con las organizaciones de defensa de los derechos humanos que responden a los ataques del presidente Trump contra los valores fundamentales”
Trump justificó su Orden Ejecutiva para prohibir a personas refugiadas y a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana apelando a los ataques del 11 de septiembre de 2001, como motivo para mejorar el proceso de expedición de visados de modo que se garantice que los solicitantes no tienen vínculos con el terrorismo, pese a que ya se examina minuciosamente a las personas refugiadas e inmigrantes. No cabe engaño alguno sobre el hecho de que esta prohibición establece una clasificación religiosa que discrimina deliberadamente a las personas musulmanas, como el presidente Trump propuso en la campaña electoral y tal como confirmó a través de su asesor Rudolph Giuliani, encargado de presentar una legislación de “veto a las personas musulmanas”.
La FIDH, haciéndose eco de la declaración de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que afirmaba que “la prohibición de los EE.UU. muestra una actitud mezquina y supone un desperdicio de recursos necesarios para las medidas antiterroristas”. La FIDH teme asimismo que esta prohibición pueda contribuir más al reclutamiento de terroristas que a reforzar la seguridad.
El 27 de enero de 2017, estallaron por todo el país protestas pacíficas. Rápidamente, en los aeropuertos, abogados voluntarios redactaron recursos de habeas corpus para las personas detenidas en las terminales y los manifestantes se concentraron al grito de “déjenlos entrar...”.
Mientras las protestas continuaban, las organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos humanos obtuvieron cinco órdenes de diferentes tribunales de distrito en Nueva York, Massachusetts, Virginia, Washington y California, que aliviaron la prohibición temporal.3 El 30 de enero, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) presentó una demanda federal para derogar la prohibición contra los musulmanes, al tiempo que 16 fiscales federales se comprometían a luchar contra esta orden declarando que “como responsables jurídicos de más de 130 millones de ciudadanas y ciudadanos estadounidenses y de residentes extranjeros en [sus] estados, condenaban la orden ejecutiva del presidente Trump por ser inconstitucional, antiestadounidense e ilegal”.
“Mientras Trump demoniza y hostiga sistemáticamente a medios de comunicación y manifestantes, debemos mantener nuestro compromiso firme e inquebrantable con los derechos humanos y deberemos alzarnos sin cesar para defender nuestras libertades fundamentales de expresión y de reunión pacífica”
La FIDH muestra su solidaridad con la ciudadanía de los EE.UU. y con las organizaciones de derechos humanos, especialmente sus organizaciones miembros, el Centro de Derechos Constitucionales y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas.