La FIDH y sus organizaciones miembros abajo firmantes comparten la indignación contra el racismo y la brutalidad policial que ha estallado en protestas masivas en todo el mundo para denunciar las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Atatiana Jefferson, Tony McDade, Rayshard Brooks y otras personas negras muertas a manos de la policía en los Estados Unidos de América (EE.UU.). Las movilizaciones populares han sacado a la luz la persistencia en numerosos países de un Estado racista y de violencia sancionada por el Estado. Reconocemos que el racismo contra las personas negras es un fenómeno mundial generalizado con raíces en el colonialismo europeo y en el comercio trasatlántico de esclavos, que las políticas neoliberales han mantenido y reforzado. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra los sistemas y estructuras que mantienen y perpetúan las peligrosas ideologías antinegritud en todo el mundo. Instamos a las y los líderes políticos a abordar de manera significativa el racismo estructural y sistémico, incluso mediante el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, recurso y reparación.
En este contexto, hemos acogido con beneplácito el debate urgente mantenido los días 17 y 18 de junio en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a fin de responder a esta crisis de racismo sistémico y a la violencia policial. Varios Estados miembros y la sociedad civil han realizado importantes contribuciones a dicho debate en lo relativo a las raíces del racismo contra las personas negras en los EE.UU., principalmente el colonialismo, la esclavitud y el apartheid. Es alentadora esta histórica adopción de una resolución por parte de las Naciones Unidas condenando el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden contra personas africanas o afrodescendientes, así como el análisis encomendado por las Naciones Unidas sobre la cuestión.
Aplaudimos, además, el liderazgo basado en principios mostrado por los Estados miembros del grupo de países africanos del Comité de Derechos Humanos, que iniciaron el debate haciéndose eco de las protestas en todo el mundo en apoyo del Movimiento por las Vidas Negras y los importantes llamamientos realizados por la familia de George Floyd y más de 600 organizaciones de la sociedad civil, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo y numerosos mandatos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, este debate demostró el omnipresente malestar de las fuerzas policiales en la lucha mundial contra el racismo hacia las personas negras y el sistema que lo perpetúa. Los Estados Unidos, que han boicoteando los llamamientos periódicos del Comité de Derechos Humanos contra las violaciones de los derechos de la población palestina por parte de las autoridades israelíes, cuestionaron la necesidad de llevar a cabo una investigación. Una amplia mayoría de Estados occidentales y latinoamericanos se manifestaron en contra de citar a EE.UU. como responsable de violaciones sistemáticas, con excusas vagas en lugar de nombrar a los responsables individuales para que rindan cuentas, ya fuera por presiones del Gobierno estadounidense o porque les preocupe la posibilidad de convertirse en el próximo objetivo de dicha iniciativa. Lamentamos que el borrador inicial de resolución –que preveía la creación de una comisión internacional de investigación– se terminara suavizando sustancialmente debido a la enorme presión recibida.
Nos solidarizamos con el Movimiento por las Vidas Negras de los Estados Unidos y estamos consternados al ver que protesta popular en defensa de la vida de las personas negras y contra la violencia policial se ha encontrado con la represión militar de manifestaciones pacíficas, ataques contra periodistas y la designación de las personas manifestantes como terroristas nacionales. La respuesta del Gobierno, que es en sí misma un reflejo del racismo antinegro y de la impunidad de las fuerzas del orden, es precisamente el motivo por el que tantas personas se están lanzando a las calles incluyo en el contexto de una pandemia. También nos preocupan en gran medida los actos de creciente violencia racista en los Estados Unidos, como muestra el posible linchamiento reciente de seis personas negras.
Los actores políticos estadounidenses deben poner fin de inmediato a la retórica política racista, que niega la experiencia de las personas negras y afrodescendientes en el país, y deben condenar los actos racistas con la mayor firmeza.
Junto con todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, los Estados Unidos deben actuar enérgicamente para garantizar la realización de los principios de los derechos humanos de verdad, justicia y no discriminación, incluso a través de una revisión profunda de sus prioridades y de la redistribución de recursos públicos y reparaciones a las personas afrodescendientes, en cumplimiento de los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de 2005.
En respuesta a la complacencia institucional generalizada y para luchar contra este racismo profundamente arraigado, la FIDH propone las recomendaciones siguientes:
A la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a las personas titulares de los mandatos especiales pertinentes, que:
• Velen por que el informe encomendado aborde las especificidades del racismo sistemático en los EE.UU., entre otros, el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del orden y los hechos y circunstancias que condujeron a la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, Atatiana Jefferson, Tony McDade, Rayshard Brooks y otras personas afrodescendientes, con vistas a contribuir a la rendición de cuentas y a la reparación para las víctimas;
A las autoridades de los EE.UU., que:
• Velen por que se llevan a cabo investigaciones transparentes, se obtenga rendición de cuentas y justicia por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, Atatiana Jefferson, Tony McDade, Rayshard Brooks y otras personas afrodescendientes que han muerto a manos de la policía, así como en relación con la muerte de Ahmaud Arbery a manos de vigilantes privados en una sociedad que devalúa la vida de las personas negras;
• Se comprometan públicamente a luchar contra el sesgo racista de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema judicial penal de los Estados Unidos y apoyen el esfuerzo de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los movimientos de justicia social para volver a imaginar por completo el papel de la policía en la sociedad;
• Aborden el racismo sistémico contra las personas negras y las discriminaciones en el sistema judicial penal, que causa al encarcelamiento desproporcionado de personas afrodescendientes en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de inmigrantes y, concretamente, que:
▪ Den seguimiento y apliquen las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y del Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas de ascendencia africana, ambos de las Naciones Unidas, tras sus respectivas misiones a los Estados Unidos;
▪ Garanticen la puesta en libertad inmediata de todas las personas encarceladas por motivos políticos –entre ellas, el conocido periodista y antiguo miembro de los Panteras Negras, Abu Jamal– muchas de las cuales fueron condenadas durante las luchas por la libertad negra de los años sesenta, cuando el Gobierno estadounidense persiguió, vigiló, arrestó e incluso asesinó a personas que luchaban por la libertad, en el marco de la COINTELPRO. Hoy, estas personas forman parte de la población mayor que se encuentra en las prisiones y es especialmente vulnerable a la pandemia de la COVID-19.
▪ Reabran los casos de todas las personas encarceladas por motivos políticos –incluso cuando ya hayan sido puestas en libertad– para examinar todas las pruebas, revocar sus sentencias y proporcionar una indemnización por las décadas transcurridas en la cárcel.
• Acepten la solicitud pendiente del Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo para realizar una visita al país y formular recomendaciones con vistas a abordar el racismo sistémico en los EE.UU., incluso el racismo estructural de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema jurídico penal.
• Pongan fin de inmediato a la retórica política racista y condenen firmemente los ataques por motivos raciales, entre otros, los linchamientos:
• Velen por el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y recurso significativos para la violencia antinegra y el racismo sistemático, incluyendo reparaciones.
• Reduzcan drásticamente el gasto militar y en las fuerzas de seguridad del Estado e inviertan más recursos públicos en políticas económicas y sociales para que las personas puedan disfrutar de sus derechos fundamentales al trabajo, la salud, la educación y a una vivienda adecuada;
• Creen una Comisión de Derechos Humanos permanente e independiente para evaluar cualquier legislación, recibir quejas individuales y garantizar que las leyes nacionales cumplen, en el ámbito local y federal, con las normas y obligaciones internacionales establecidas de conformidad con los principios de París sobre las instituciones nacionales de derechos humanos;
• El Congreso de EE.UU. debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; ratificar todos los tratados que ha firmado EE.UU., concretamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como con todos los tratados de derechos humanos que todavía no ha suscrito:
Al resto de Estados, entre otros, los Estados occidentales y latinoamericanos, que:
• Velen por que se llevan a cabo investigaciones transparentes, se logra la rendición de cuentas y justicia por los actos de racismo y la violencia cometida por los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado y los vigilantes privados.
• Apoyen el esfuerzo de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los movimientos de justicia social para volver a imaginar por completo el papel de la policía en la sociedad;
• Se comprometan a proporcionar reparaciones por el daño causado por el colonialismo, la esclavitud y el apartheid;
• Adopten un enfoque basado en principios a la hora de abordar el racismo en los debates bilaterales y multilaterales;
• Permitan la realización de evaluaciones independientes sobre el racismo sistémico a escala nacional y apliquen las recomendaciones formuladas a los Gobiernos en este sentido.