30 de enero de 2026. Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados por agentes federales por ser defensores de los derechos humanos y dar testimonio de los abusos generalizados contra los derechos humanos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Como observadores legales y manifestantes, estaban investigando y llamando la atención sobre una autoridad que ha intentado por todos los medios eludir la responsabilidad por sus delitos de secuestro y deportación ilegales.
A la luz de estos y otros asesinatos extrajudiciales, y dado que los funcionarios del gobierno ahora califican la solidaridad de la sociedad civil como “terrorismo interno”, nuestras organizaciones advierten sobre un retroceso potencialmente irreversible de los derechos humanos y el estado de derecho en los Estados Unidos.
La supresión sistemática de las investigaciones y pruebas, junto con mentiras manifiestas y negaciones de los hechos, así como la presión directa ejercida sobre los jueces, suponen una escalada dramática de las tácticas autoritarias por parte de los funcionarios del gobierno y limitan seriamente la posibilidad de que se haga justicia para aquellas personas cuyos derechos están siendo violados. "En 2025, entre un número récord de 70,000 personas detenidas por ICE, la mayoría de las cuales fueron objetivo por ser personas de color, treinta y dos personas murieron en custodia.
Los esfuerzos de la administración Trump por proporcionar financiación sin control y aumentar el poder de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos se asemejan cada vez más a intentos de establecer instrumentos para la intimidación y los asesinatos extrajudiciales sancionados por el Estado. “El secuestro y la detención de manifestantes, líderes sindicales, líderes de comunidades indígenas y muchos otros no son más que medidas contrainsurgentes directas y una señal de la rápida erosión de las libertades de la sociedad civil”, afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
Ante la falta de obediencia pública a estas tácticas, también se están afianzando los indicios de un estado de excepción permanente, impulsado por una vigilancia sin precedentes. La presión popular, las protestas y la movilización de la sociedad civil parecen ser ahora la única salvaguarda de la democracia y los derechos humanos en Estados Unidos. Felicitamos a quienes salen a las calles y se niegan a ceder en este momento de crisis. Como red internacional, la FIDH es muy consciente de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos bajo regímenes autoritarios, pero también se tiene la certeza que la historia está del lado de los manifestantes que reclaman otro mundo.