ONG internacionales, así como movimientos más pequeños por los derechos de los palestinos, blancos durante mucho tiempo del lobby pro-israelí, están ahora en la mira del Departamento de Estado de EE. UU. por su participación y apoyo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), en particular por la difusión de una lista de las Naciones Unidas de empresas que hacen negocios con asentamientos israelíes en Cisjordania. Lejos de buscar combatir casos reales de antisemitismo, los ataques contra grupos que apoyan los derechos de los palestinos son solo otro intento de la administración Trump de silenciar a los defensores de los derechos humanos, en Estados Unidos y en otros lugares, y podría tener consecuencias de gran alcance en los países que sigan la recomendación estadounidense.
Las organizaciones de derechos humanos que podrían verse afectadas por estas acusaciones difamatorias utilizan medios pacíficos para denunciar las violaciones y abusos cometidos por los gobiernos, no solo el israelí, a través de hechos, testimonios y en el marco de mecanismos reconocidos internacionalmente. Esta declaración del Secretario de Estado es un flagrante ataque a la universalidad de los derechos humanos, ya que apunta a la libertad de expresión de reconocidas organizaciones de derechos humanos y defensores que buscan responsabilizar a Israel por sus continuas violaciones a los principios fundamentales del derecho internacional.
Esta última medida prosigue a acciones anteriores, como la desafortunada Orden Ejecutiva sobre antisemitismo de Trump inspirada en la definición de antisemitismo establecida por la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), que busca anular todo activismo o expresión pública sobre las libertades y los derechos de los palestinos, y cualquier crítica a la política del Estado de Israel; o la adopción de esa misma definición por el Departamento de Estado de EE. UU. en 2016, criticadapor asociaciones de defensa de los derechos palestinos que la califican como una definición politizada e inapropiada. Estas medidas constituyen no solo ataques contra los derechos de los palestinos, sino también contra todas aquellas organizaciones y defensores que militan en Estados Unidos y en otras partes del mundo en solidaridad con los palestinos.
"Esta inquietante declaración es un ataque directo a la libertad de expresión y asociación, y un ataque violento al derecho a defender los derechos humanos", dijo Alice Mogwe, presidenta de la FIDH. “Expresamos nuestra profunda solidaridad con nuestros colegas y todos los demás defensores de derechos humanos objeto de estas acusaciones infundadas y, al mismo tiempo, reiteramos nuestro apoyo a la afirmación y realización de los derechos del pueblo palestino, protegido por las leyes y convenciones internacionales."
Los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), incluida Jerusalén Oriental, son ilegales según el derecho internacional y violan los derechos humanos de los palestinos. Es por esta razón que las organizaciones de derechos humanosen Palestina, pero también alrededor del mundo, denuncian la comercialización de los productos de los asentamientos tras un llamado de la sociedad civil palestina para apoyar la campaña internacional BDS para poner fin a la colonización, la ocupación israelí y el apartheid contra los palestinos. Naciones Unidas sigue ocupándose de este asunto y en febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanospublicó un informe que identifica a 112 empresas involucradas en actividades con las colonias de los Territorios Ocupados.
El movimiento BDS no es violento y el boicot es un medio de expresión pacífico. Sin embargo, las organizaciones palestinas de derechos humanos, los activistas contra la ocupación y los grupos de la sociedad civil han sido acusados durante mucho tiempo de antisemitismo por apoyar el boicot. Esta última iniciativa, aparentemente lanzada contra organizaciones más grandes, por lo tanto, no es casual, sino que es parte de un esfuerzo concertado para silenciar las críticas a los crímenes de Israel.
Equiparar el antisemitismo con la campaña BDS es infundado, incorrecto e intencionalmente difamatorio: el antisemitismo se refiere a la discriminación contra el pueblo judío en nombre de su identidad étnica y religiosa y, como todo odio, debe combatirse en todas sus formas. El movimiento BDS protesta contra las políticas y acciones de un Estado, no de su gente. Este tipo de protesta está amparada por la libertad de expresión y asociación, como ya ha reconocido la Unión Europea. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció recientemente que los llamamientos al boicot se encuentran dentro del derecho a la libertad de expresión y distinguen claramente entre acciones y declaraciones sobre asuntos de interés general, es decir, el respeto del derecho internacional por parte del Estado de Israel y la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, del discurso político, incitación al odio, a la violencia y a la intolerancia. Esta conclusión refleja la posición del Secretariado Internacional de la FIDH, que reconoció y reafirmó formalmente el derecho de las personas a participar pacíficamente y llamó a apoyar al BDS para protestar contra las políticas de ocupación y discriminación del gobierno israelí en 2016.
“La decisión de la administración Trump mezcla la crítica legítima con el antisemitismo. Lamentablemente, complica mucho la labor vital de los derechos humanos. Las leyes sobre derechos humanos protegen los derechos y la libertad de expresión de todos, palestinos e israelíes por igual.” añade Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
Esta reciente decisión del Departamento de Estado hace eco de otras violaciones por parte de la administración estadounidense del derecho internacional, especialmente en Palestina. Desde la reubicación de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén hasta el cierre de las oficinas diplomáticas palestinas en los Estados Unidos, desde el reconocimiento de los Altos del Golán como parte integral de Israel hasta el intento de borrar la línea verde extendiendo los acuerdos científicos a los asentamientos ilegales, la administración Trump ha emprendido una campaña a largo plazo para legitimar la ocupación israelí y la anexión de facto de los territorios palestinos.
Además, la administración Trump ha atacado repetidamente a organizaciones internacionales retirándose de la UNESCO, suspendiendo su contribución a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y anunciando sanciones contra el fiscal de la Corte Penal Internacional en represalia por su investigación de los crímenes cometidos por israelíes en Palestina.
Si la administración Trump no da marcha atrás, pedimos a la nueva administración Biden que lo haga sin demora.
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El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos fue creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El objetivo de este programa es prevenir y combatir cualquier forma de represión contra los defensores de derechos humanos. La FIDH y la OMCT son miembros del programa europeo ProtectDefenders.eu, el mecanismo europeo para los defensores de derechos humanos implementado por la sociedad civil internacional.