Estas políticas se han traducido, tanto en Estados Unidos como en México, por legislaciones criminalizadoras y represivas que vulneran, entre otros, el derecho de los migrantes indocumentados a un debido proceso. La FIDH considera que en Estados Unidos, la existencia en el derecho penal de la doble pena sistemática para los migrantes así tengan papeles en regla, es discriminatoria. También le urge al Estado Mexicano a no adoptar la disposición de la reforma del reglamento de las estaciones migratorias que extiende los casos de posibles detenciones indefinidas para migrantes indocumentados.
La FIDH identificó numerosas violaciones flagrantes de los derechos humanos de los migrantes al cruzar la frontera, al ser interceptados, detenidos y deportados.
En lo que se refiere al tránsito, en México, se producen extorsiones frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento sexual o violaciones y secuestros de migrantes, tanto por parte de las fuerzas públicas mexicanas como de los traficantes de migrantes. Frente a estas graves violaciones de los derechos de los migrantes, existe una situación de impunidad casi total en un contexto de corrupción enorme.
Teresa García, de 25 años:
"Éramos un grupo de 24 personas, de las cuales 5 mujeres y el coyote, caminamos durante 9 días de Tapachula hasta Arriaga para tomar el tren. El tren estaba andando, estábamos instalados encima cuando frenó muy bruscamente. Muchas personas se cayeron, otras se botaban. Yo caí entre 2 vagones, la mochila me protegió. No sé si, como a otros, un soldado me hizo caer o si simplemente perdí el equilibrio. Tenía la nariz reventada y los brazos heridos. Un soldado me quitó la mochila donde tenía un par de zapatos para el desierto y algo de dinero, luego estuve un día en el hospital. Un policía, que se llamaba Fernando vino a visitarme y me pidió que firmara un documento de regreso voluntario especificando que yo tuve un accidente que no tenía nada que ver con el operativo del 15 de febrero. Ellos se encargarían de llevarme hasta mi casa en Guatemala. Luego llegaron personas de derechos humanos que me dijeron que no tenía por qué firmar ese documento y que podía quedarme más tiempo en el hospital como me lo aconsejaban los médicos […] tengo que seguir mi viaje hasta Estados Unidos, pues mi madre está cuidando mis 4 hijos y ellos necesitan dinero para poder sobrevivir".
En Estados Unidos, la FIDH considera como una grave e inaceptable violación del derecho a la vida, la política de "prevention through deterrence" que consiste en llevar a los migrantes a atravesar por las zonas más peligrosas con el objetivo explicito que las numerosas muertes disuaden otros migrantes. Además, en esas zonas, los agentes de la policia fronteriza (Border Patrol) utilizan el hostigamiento junto con la demostración desenfrenada de su fuerza letal contra quienes atraviesan ilegalmente la frontera. Es también alarmante el nivel de discriminación racial que existe en contra de los latinos que viven en Estados Unidos cerca de la frontera.
Tanto en Estados Unidos como en México, la detención de tipo carcelario para migrantes detenidos por una supuesta violación al derecho administrativo es la norma. Ni Estados Unidos, ni México cumplen con el respeto del derecho a la información sobre las razones de su detención y ni con sus derechos a recibir una protección jurídica.
Hay graves deficiencias en Estados Unidos y en México, tanto en las condiciones de detención que de deportación de grupos vulnerables y en particular de todos los niños que emprenden este viaje para reunirse con sus padres.
La FIDH considera que en México, como en Estados Unidos, se debe aceptar el fracaso de la política actual e iniciar una reforma profunda de la legislación sobre la migración. Esta reforma deberá descriminalizar a los migrantes en situación administrativa irregular, atacarse seriamente a la impunidad de los actos de corrupción y de violencia en contra de los migrantes indocumentados, no ponerlos en detención sistemáticamente, crear un derecho efectivo de apelación de las decisiones de deportación. Es también la responsabilidad de los gobernantes sacar el tema de las migraciones del ámbito del miedo y de la seguridad para ubicarlo en el del desarrollo y los derechos humanos. El costo económico del conjunto de las infraestructuras y de las operaciones de represión y de control de las fronteras es colosal: se estima, por ejemplo, que desde 1994, el Gobierno norteamericano ha gastado unos 30 mil millones de dólares para "asegurar" su frontera con México. Este dinero podría ser invertido en proyectos de desarrollo.