El debate sobre la "aclaración" del artículo 3 de los Convenios de Ginebra se vuelve en contra de los derechos de los presos, presuntos responsables de actos terroristas, 460 de los cuales, aproximadamente, permanecen en la base americana de Guantanamo, mientras otros están (o lo estarán) en el mundo, en centros de detención bajo autoridad estadounidense. El Presidente George W. Bush obtendría, bajo esta ley, el derecho -solo él.- a decidir lo que constituyen o no técnicas de interrogación "abusiva", con total discrecionalidad y bajo secreto de Estado.
Según Sidiki Kaba, Presidente de la FIDH, "se trata de un retroceso inaceptable de las libertades fundamentales, que resulta validado por los Representantes del Parlamento de EEUU. No se trata de un compromiso, es una capitulación. Si no lograron, afortunadamente, reescribir el texto del artículo 3 a los Convenios de Ginebra, piedra fundamental de los derechos inderogables, no por ello han legalizado menos la violación: de esos derechos. Esto porque se crean obligaciones "a la carta" sujetas a la valoración del jefe del Ejecutivo. Es una triste noticia para los partidarios de los derechos cívicos americanos, así como para todo el país, que hace apenas tres meses supo demostrar el compromiso de sus instituciones a los valores de democracia y los derechos humanos. El 29 de junio de 2006, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó una sentencia histórica (1), en el asunto Hamdan contra Rumsfeld, considerando que el Presidente americano George W. Bush había sobrepasado sus prerrogativas pidiendo la instauración de tribunales militares para juzgar a los presos encarcelados en la base naval de la bahía de Guantanamo. Según esta resolución "los tribunales militares convocados (...) no son competentes ya que sus estructuras y sus procedimientos violan a la vez el Código de justicia militar americano y los Convenios de Ginebra". El proyecto de ley adoptado reanuda, en su parte fundamental, estos procedimientos, que fueran rechazados recientemente por los jueces del máximo Tribunal de EEUU".
La FIDH y el CCI piden urgentemente a los miembros del Senado Americano no adoptar este texto.