26 de junio de 2023. El Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol y las organizaciones de derechos humanos firmantes condenan el asesinato de Oscar Oquelí Domínguez Ramos, defensor de los ríos y los bienes comunes de Guapinol y Sector San Pedro, reportado este 15 de junio por la mañana en su domicilio resultando Catalina Ramos, su madre, también herida en el ataque armado. Igualmente manifestamos nuestra solidaridad con la familia y personas que le acompañan en esta lucha por la justicia y dignidad.
El contexto de violencia sistemática en contra de personas defensoras de derechos humanos en Honduras ha sido documentado por años a través de esfuerzos de organizaciones y colectivos nacionales e internacionales, así como por los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos. Solamente en 2023, se han registrado 8 asesinatos contra personas defensoras en la zona del Bajo Aguán.
Particularmente, aquellas personas que defienden los territorios, los bienes comunes y el medio ambiente son sujetas de múltiples riesgos por la labor que realizan, ya que las empresas extractivas, que han despojado de tierras y deteriorado la situación de derechos humanos en los territorios, tienen intereses económicos que sobreponen a la dignidad humana. Específicamente, se ha documentado la preocupante presencia de Inversiones Los Pinares y Ecotek, ambas parte de Grupo EMCO, en los territorios, y que han sido señaladas por operar bajo concesiones irregulares otorgadas por el Estado hondureño.
Por ello, las organizaciones firmantes sostenemos que este indignante ataque no es aislado. Oquelí Domínguez fue hermano de Aly Dominguez y Reynaldo Domínguez, el primero, joven defensor asesinado por su labor en defensa de los ríos. Aly Domínguez fue asesinado el 7 de enero de 2023 junto con Jairo Bonilla y de quienes no se tienen aún avances respecto a la investigación por los lamentables hechos. A lo anterior, se suma la criminalización contra Reynaldo Dominguez por parte del Estado hondureño, vinculada a su defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras y que forma parte de los patrones para restringir y castigar el derecho a defender los derechos humanos en Honduras.
Señalamos que el asesinato de Oquelí Dominguez se produce tras un aumento de amenazas contra las personas defensoras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, mismo que fue expresado con preocupación a las instancias de protección correspondientes, sin que a la fecha el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras haya asumido un rol para garantizar y prevenir el riesgo en la zona en conflicto. Es alarmante que el Estado no responda ante sus obligaciones internacionales de atender su deuda pendiente con la comunidad de personas defensoras en Honduras, aún y cuando ha sido condenado en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente a la luz de los casos de Carlos Escaleras y Jeannette Kawas vs Honduras.
Recientemente, del 24 y 28 de abril del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a Honduras, después de haber recibido una invitación por parte del Gobierno hondureño. En esta visita la CIDH constató la situación de urgencia que atraviesan las personas defensoras del medio ambiente en el Bajo Aguán, escuchando los testimonios de desplazamiento forzado, criminalización, amenazas y de familiares de personas defensoras asesinadas por su labor de defensa de derechos humanos. Es necesario que se reconozca el riesgo inminente en las comunidades de Guapinol, el Sector San Pedro y el Municipio de Tocoa, a través del otorgamiento de medidas que favorezcan la inmediata atención de las autoridades hondureñas a la situación aquí expuesta.
El Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol y las organizaciones firmantes requieren al Estado de Honduras que reconozca sus obligaciones respecto al acceso a la justicia y garantía de vida e integridad de las y los defensores en el Bajo Aguán. La presencia estatal en la conformación e implementación de medidas reales y sostenidas para revertir esta terrible situación es necesaria. Desplazar a las personas que se mantienen en riesgo, no es una opción. El Estado de Honduras tiene la responsabilidad de atender el origen del riesgo que ha mantenido a los conflictos socio-medioambientales bajo la mirada nacional e internacional y como una de las varias causas de asesinatos de personas defensoras en el país.
Exigimos al Estado de Honduras atender de manera efectiva e inmediata la situación en el Bajo Aguán y garantizar la vida e integridad de quienes habitan los territorios y defienden los bienes comunes, y en particular, brindar protección inmediata a la familia Domínguez, incluyendo a Catalina Ramos, quien es víctima y testigo del crimen y a todas las y los miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y sus familias que enfrentan riesgos inminentes por su labor de defensa y protección de la Montaña de Botaderos. Asimismo, hacemos un llamado a que se realice una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre los asesinatos de Oquelí Domínguez Ramos y aquellos de quienes aún se mantienen en impunidad.
Desde el Observatorio y las organizaciones que suscriben esta comunicación, expresamos nuestra solidaridad con la familia, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y a quienes les acompañan. Gracias por permitirnos caminar con ustedes en esta lucha por el agua y por la vida.