El 18 de agosto en la mañana, presos comunes y presos pertenecientes a la pandilla conocida con el nombre Mara 18, tras el lanzamiento de una granada de fabricación casera, iniciaron una pelea que culminó con este importante número de víctimas mortales. La mayoría de heridos y fallecidos presentaba lesiones efectuadas con arma blanca.
La FIDH considera que tales niveles de violencia se encuentran estrechamente relacionados con las condiciones en las que se encuentran los reclusos. De particular importancia es el hacinamiento existente en el centro penitenciario, construido para albergar 800 presos y que cuenta en la actualidad con 3274. Además, no existe ningún tipo de separación entre las distintas categorías de reclusos, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de disturbios. La persistencia de armas blancas y de pólvora en las prisiones, se debe en gran medida a la corrupción del personal de vigilancia, sumado al hacinamiento, muestran que las medidas implementadas por las autoridades, como el Plan de Reordenamiento del Sistema Penitenciario, no ha cumplido sus objetivos.
La FIDH recuerda que los episodios violentos en los centros penitenciarios ocurren de manera frecuente en El Salvador. En enero de este mismo año al menos 6 reclusos resultaron heridos como consecuencia de disturbios provocados por pandilleros en este mismo centro penal, conocido como « la Mariona ». El julio de 2003, un preso falleció como consecuencia de otra riña entre « mareros » que se produjo en esta misma prisión.
« Las condiciones carcelarias del centro penitenciario de la esperanza, así como los múltiples antecedentes de violencia con que cuenta este centro, muestran claramente que no se trató de un hecho imprevisible, lo que implica una clara responsabilidad por omisión de parte de las autoridades de El Salvador, y particularmente la Dirección de Centros Penales y el Ministerio de Gobernación » afirmó Sidiki Kaba, presidente de la FIDH.
En efecto, estos hechos reiterados demuestran que El Salvador no aplica el Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, ni respeta las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.
La FIDH insta a que se asegure una investigación exhaustiva e imparcial con el objeto de identificar a los responsables por acción y por omisión de estos hechos violentos de modo que se les aplique las sanciones previstas por la ley.
La FIDH urge a las autoridades salvadoreñas a incrementar de manera considerable sus esfuerzos para realizar una reforma en profundidad del sistema penitenciario en El Salvador estableciendo políticas preventivas eficaces para evitar la violencia en los centros penitenciarios y para que los mismos posibiliten la rehabilitación y no la reproducción de delitos.