21 de mayo de 2026. En la noche del 18 de mayo de 2025, agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador se presentaron en el domicilio de Ruth López y la detuvieron sin respetar las garantías procesales básicas. Su detención se dio en un contexto de deterioro de las libertades civiles y de las garantías judiciales en El Salvador, lo que ha derivado en la persecución y criminalización de voces críticas, mediante la instrumentalización del proceso penal.
Durante el último año, el caso de Ruth López ha generado preocupación entre organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia, advirtiendo de que su detención supone una grave violación de sus derechos fundamentales y un ataque contra quienes exigen transparencia y promueven la rendición de cuentas en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Ruth, y prestigiosas organizaciones le otorgaron reconocimientos que destacan tanto su trayectoria académica como su labor como defensora de derechos humanos.
Es importante señalar que la privación de libertad de Ruth es uno de al menos 86 casos de personas que actualmente se encuentran en condiciones similares de detención arbitraria por persecución política en El Salvador. Junto a los casos de Enrique Anaya, reconocido jurista constitucionalista, investigador y profesor universitario en El Salvador y en América Latina, y de Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), es evidente un patrón sistemático que afecta a defensores, periodistas, activistas y líderes comunitarios.
Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con la familia de Ruth y con todas las personas que sufren persecución por sus ideas o por expresar sus opiniones. Es impostergable cesar cualquier restricción injustificada a las visitas familiares y de defensores, tanto para Ruth como para cualquier persona privada de libertad.
En relación con lo anterior exigimos al Estado de El Salavador:
– Cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de Ruth, incluyendo la protección de su salud e integridad, el cese de cualquier restricción indebida a sus visitas familiares y de sus abogados y la atención de su situación de detención.
– En atención a que está próximo el vencimiento del plazo de instrucción, garantizar el debido proceso de Ruth, especialmente su derecho a un juicio público sin dilaciones indebidas, y ejercer su defensa material en su calidad de abogada, como ella lo solicita.
– Revisar la medida de detención preventiva y garantizarle su derecho a la presunción de inocencia y a acceder a su libertad durante el proceso, teniendo en cuenta que ha permanecido detenida durante un año.
– Poner en libertad de inmediato a todas las personas presas políticas y aplicar medidas alternativas a la detención, como el arresto domiciliario, mientras duren los procedimientos judiciales; garantizar que las audiencias sean públicas y que se respete plenamente el debido proceso; y suspender todas y cada una de las restricciones a la comunicación con los equipos de defensa y los familiares mientras los presos políticos se encuentren privados de libertad.
Observamos con preocupación el deterioro de la independencia judicial y el debilitamiento de las garantías democráticas en El Salvador. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Ruth López y de todas las personas privadas de libertad por razones políticas en El Salvador. Exigimos el cese del hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, el respeto irrestricto al debido proceso y el restablecimiento del Estado de derecho.