La precipitada irrupción en la Asamblea, además de constituir un abierto ataque a los pilares de un Estado de derecho y a los principios básicos de la democracia basada en la separación de poderes y el respeto a los mecanismos para evitar el abuso del poder, Bukele, le ha dado un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que se produzca tal aprobación, bajo la amenaza de recurrir a otros métodos, como por ejemplo disolverla.
Resulta asimismo preocupante la premura con la cual Bukele intenta que se apruebe el préstamo de US$109 millones, cuyo financiamiento proviene del Banco Centroamericano de la Integración Económica, y que tiene como objetivo modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas.
Este tipo de acciones resultan claramente inaceptables. Por ello, instamos de manera urgente al gobierno de El Salvador para que cese de forma inmediata y definitiva todo tipo de presiones hacia la Asamblea Legislativa, así como a desechar toda amenaza de intervenciones ajenas a la democracia y al orden constitucional.
La FIDH y sus organismos miembros estarán atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos en El Salvador, confiando que el gobierno se abstendrá de llevar a cabo nuevas actuaciones que afecten la vida institucional, la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos.