La FIDH llama al restablecimiento del Estado de Derecho y de la independencia judicial en el país y recuerda que todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. La FIDH insta al Estado del Salvador a garantizar la separación de poderes y el restablecimiento del orden democrático el país.
En efecto, el sábado primero de mayo, día de la posesión de la nueva Asamblea Nacional, fueron destituidos en un cuestionado procedimiento, los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación. Haciendo uso del artículo 186 de la Constitución, los diputados que votaron a favor de la destitución, consideraron que los magistrados en cuestión emitieron sentencias contrarias a la Carta magna que habrían obstaculizado la labor del Ministerio de Salud y puesto en riesgo la salud de la población en un contexto de pandemia. 65 diputados votaron por la destitución de los magistrados de la Sala en contravía de las garantías procesales y posesionaron a nuevas personas en los cargos. En efecto, no hubo debate ni espacio para que los magistrados ejercieran su derecho de defensa frente a las acusaciones alegadas, asimismo tampoco se conoció de los perfiles de los nuevos magistrados.
Cabe recordar que en 2020 la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió varias resoluciones que declararon inconstitucionales una serie de decretos ejecutivos y medidas tomadas por el gobierno de Nayib Bukele para contrarrestar la pandemia, las cuales fueron consideradas por la Sala como excesos del poder ejecutivo de sus funciones.
Las decisiones de la Asamblea Nacional, en su mayoría conformada por miembros del partido de gobierno, evidencian el rompimiento del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro latente para los pilares del Estado de derecho en el país centroamericano. Estos hechos ponen al país ad portas de un autogolpe de Estado en donde el poder legislativo a través del gobierno salvadoreño desconoce el mandato del poder judicial y la importancia de garantizar su independencia, como base de la democracia.
Es importante mencionar que lo ocurrido el fin de semana, no es un hecho aislado sino que corresponde a un detrimento del orden democrático en el país y al surgimiento y consolidación de un régimen autoritario que gobierna principalmente a través de las redes sociales, que además en febrero de 2020 incursionó con un escuadrón militar en la Asamblea Nacional, siendo una clara afrenta a la democracia.
Asimismo, la FIDH se encuentra sumamente preocupada por la ruptura del Estado de Derecho y los impactos que esta situación podría tener en la estabilidad democrática de la región, en particular en países como Honduras, Guatemala, y Nicaragua, que también están sucumbiendo bajo gobiernos que socavan el orden democrático.