Situación de extrema gravedad del Derecho a la Salud
La FIDH y MDM-Francia destacan que el El Salvador no se cumple con las Obligaciones contraídas respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, incluidas las obligaciones básicas de cada Estado, contempladas en la Observación N° 13 del Comité sobre Derechos Económicos, sociales y culturales (DESC).
Teniendo en cuenta el contenido del derecho a la salud, tal y como ha sido definido por la Observación N° 13 del Comité DESC. En el Salvador, en lo que se refiere a la disponibilidad, existen importantes déficits de infraestructura hospitalaria. Asimismo, los servicios de salud no incluyen los factores determinantes básicos de la salud, en particular las condiciones sanitarias adecuadas y personal médico y profesional capacitado.
En lo que se refiere a la accesibilidad, se destaca la discriminación respecto de los portadores de VIH y de las mujeres. La población tiene enormes dificultades para acceder a centros situados en lugares extremadamente lejanos y para acceder a los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados. Se señala igualmente que a pesar de que oficialmente los servicios de salud son gratuitos, en la práctica los pacientes se ven obligados a pagar tanto para ser curados como para adquirir los medicamentos adecuados. El alcance de las campañas de información y prevención se encuentra también extremadamente limitado.
Además, en lo que se refiere a la calidad, tomando como referencia el hospital Rosales, reconocido por su calidad en el sistema público, debe destacarse que este hospital no dispone de material adecuado para el correcto tratamiento de las enfermedades.
Finalmente, debe señalarse que El Salvador tampoco cumple con las obligaciones básicas definidas por el Comité DESC. La existencia de discriminación, los altos índices de desnutrición, las condiciones insalubres en las que vive un gran número de la población salvadoreña, la inexistencia de una política pública de producción estatal de medicamentos genéricos y el proceso de privatización en curso muestran el incumplimiento flagrante de estas obligaciones básicas.
Orientaciones de los organismos internacionales.
La FIDH y MDM- Francia desean recordar la promoción del proceso de privatización del sector salud por los organismos internacionales. El Banco Mundial y la Banca Interamericana de Desarrollo (BID)constituyen los dos principales donantes en materia de salud y educación a El Salvador. Estos dos organismos internacionales condicionan la atribución, de créditos a la implementación de reformas de los servicios públicos de ’segunda generación’. En lo que se refiere al derecho a la salud, estas reformas implican delegar los servicios de salud a prestatarios privados locales o extranjeros.
La posición de los organismos internacionales queda reflejada en particular en el informe titulado « Análisis del Sector de la Salud en el Salvador », realizado gracias a un préstamo de la Banca Mundial y de otros organismos internacionales en 1993. Este informe proponía en particular una redefinición del papel del Estado, de manera que se facilitasen las actividades del secteur privado y que se incrementase la financiación pública del prestatarios privados.
De este modo, la Banca Interamericana de Desarrollo ha aprobado en septiembre de 2000 un programa de apoyo a la transformación institucional del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS). Este programa, que privilegia un sistema de seguros privado, propone una modalidad mixta de producción de servicios de salud, según el cual la oferta privada sería adicional y complementaria a la oferta pública. Este Plan de reformas permitiría, en la práctica, transferir los servicios de salud al sector privado.
El proceso de privatización: repercusiones negativas para el derecho a la salud en El Salvador.
El Decreto N°1107, aprobado por la Asamblea Legislativa y Sancionado por el Presidente de la República del Salvador el 20 de diciembre de 2002 autoriza la concesión, compra de servicios, sub-contratación en un gran número de casos. Aunque este mismo decreto indica que ’Estas modalidades no podrán ser utilizadas para configurar un modelo privatizador de los servicios de salud’, resulta evidente que no se impide de manera directa una privatización del sector salud, como hubiera sido el caso si el gobierno de El Salvador hubiese ratificado el decreto 1024 de 2002, cuyo artículo 3 prohibía de manera expresa la privatización, concesión y compra de servicios salvo en casos excepcionales.
En este decreto no se ha previsto ningún tipo de medida de control de los servicios ofrecidos por los servicios privados, lo que implica que los médicos contratados no dispondrán necesariamente de la experiencia requerida y que se tratará de reducir los costos de los tratamientos y el tiempo de hospitalización, con el objetivo de maximizar los beneficios.
La privatización podría implicar un aumento de los servicios que quedarían a cargo de los pacientes, el deterioro de los cuidados médicos y la multiplicación de operaciones no indispensables pero rentables desde un punto de vista financiero.
Del mismo modo, debe señalarse que la privatización del sector salud tendría un impacto especialmente negativo sobre el derecho a un trabajo digno para los trabajadores del sector salud, que se verían doblemente afectados: en tanto que trabajadores y en tanto que asegurados. La privatización del sector salud implicaría la posibilidad de realizar contratos precarios, es decir, temporales y con bajos salarios e inclusive despedir a los empleados del sector salud.
La huelga y la criminalización de la protesta social.
La violencia con la que se está imponiendo el proyecto de privatización del sector salud en El Salvador ha así motivado una huelga de los médicos del Seguro Social que duró casi diez meses.
Esta huelga contó con un apoyo masivo de la sociedad salvadoreña, comportando manifestaciones públicas masivas, como la que tuvo lugar el 23 de octubre de 2002 y que reunió alrededor de 200.000 personas.
A este respecto, la FIDH y Médicos del Mundo Francia expresan su preocupación por la criminalización de esta protesta social legítima. Existe constancia de un proceso contra al menos 122 trabajadores sindicados al STISS (Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguro Social).
El 13 de junio de 2003, se firmó un acuerdo para el fin de la huelga, que se centró mas en la situación de los trabajadores del sector salud que en los reclamos de éstos. A pesar de los acuerdos, en julio de 2003, en Sindicato de Médicos del Seguro Social acusó al Instituto del Seguro Social de no pagar el salario de 354 médicos huelgistas reintegrados a la institución. Las movilizaciones se iniciaron de nuevo en septiembre de 2003, a causa del incumplimiento de los Acuerdos.
Recomendaciones:
Por todas estas razones, la FIDH y MDM-Francia, de acuerdo con la CDHES, solicitan a la Comisión de Derechos Humanos lo siguiente:
Solicitar al Gobierno que emita una invitacion al Relator especial sobre la situación del derecho a la salud para que realize una visita in situ y se pronuncie acerca de la situación del derecho a la salud en El Salvador.
Ofrecer el apoyo y el asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Protección de los Derechos Humanos al gobierno de El Salvador en materia de garantías necesarias para el goce del derecho a la salud por parte de todos los ciudadanos de El Salvador.